El ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti desafió los tiempos del máximo tribunal al dejar entrever que la resolución en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner reclamó su absolución, podría definirse antes de las elecciones de medio término.
Sin precisar fecha ni tampoco el camino que tomará el cuerpo, la certeza de Lorenzetti, quien actualmente representa un tercio de la cabeza del Poder Judicial, deja entrever la posibilidad de que Cristina pueda ser inhabilitada para ejercer cargos públicos antes de una eventual competencia en las urnas. Ello en caso que se convalide la condena del tribunal oral número 2 de seis años de prisión o, por el contrario, se decida por absolver a la exmandataria.
En ese marco, el supremo se abstuvo de adelantar si se convocará o no a conjueces para la decisión, con lo cual da a entender que la causa Vialidad podría ser resuelta con tres votos y no con cinco como se esperaba si se daba el ingreso de Garcia-Mansilla y Lijo al máximo tribunal, el cual terminó siendo rechazado por el Senado.
“No hay ninguna razón para demorarlo más”, señaló el cortesano en una entrevista televisiva al ser consultado si la decisión del cuerpo saldría antes del cierre de listas electorales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Corte no solo deberá revisar la queja de Cristina, sino también otras 16 del mismo expediente.
Uno de esos recursos se encuentra en este momento bajo análisis de Eduardo Casal, luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti le enviaran en una página “córrase vista a la Procuración General de la Nación” para que se expida únicamente de la queja del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien sostuvo el reclamo de sus pares de juicio Diego Luciani y Sergio Mola de condenar principalmente a Cristina, al empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, con el agravante de asociación ilícita, lo que duplicaría las penas de todos de seis a doce años de prisión. Dato no menor es que para elevar su opinión, Casal no tiene plazos y la Corte no le impuso ninguno.
Dada la cantidad de recursos, la revisión de las quejas llevaría más tiempo del que estimó Lorenzetti, ello si la propia Corte toma en cuenta que en los planteos tanto de Cristina como el resto de las defensas contemplaron que la decisión del TOF 2 y de Casación implica un caso de gravedad institucional.
Los tiempos que la Corte manejó en casos que involucraron a Cristina no bajaron de los dos años de revisión. En Dólar futuro, el máximo tribunal resolvió en tres años y medio el sobreseimiento de la exmandataria y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En Memorando con Irán los cortesanos determinaron en 14 meses que la antigua vicepresidenta debe enfrentar un debate oral y público por traición a la patria.
Quizás, el antecedente jurídico donde la Corte tuvo intervención que más toca de cerca a Cristina es el de su vice, Amado Boudou, quien fue condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la Causa Ciccone. El fallo donde se determinó la responsabilidad penal de Boudou y dispuso la pena de cinco años y diez meses de prisión se firmó en agosto de 2018. Dicha resolución fue convalidada once meses después por la Cámara de Casación.
La Corte desestimó la queja de Boudou sin revisar el fondo de la cuestión. El rechazo fue a través de la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que le permite no tratar y fundamentar ciertos asuntos. La razón de por qué decidió resolver el caso Ciccone con tanta celeridad se debió a que Boudou se encontraba privado de su libertad, cosa que por un lado no ocurre con Cristina. Tampoco se trata del mismo delito por el que Boudou fue condenado.