El equipo económico, comandado por el ministro Luis Caputo, presentó este lunes la hoja de ruta con la cual planea cumplir con los pagos de deuda pactados hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei. En el corto plazo asoman vencimientos por 4.300 millones de dólares que deberá afrontar este jueves 9 de julio ante bonistas privados. En ese marco, el ministro de Economía aseguró que el país ya está en condiciones de volver a tomar deuda y emitir bonos en los mercados internacionales, pero que se trata de «una opción» y no de un objetivo en sí.
Además, prometió que apuntará a que el país alcance la categoría de «investment grade», la más alta para las proveedoras de índices y calificaciones de mercado, para 2031, cuando terminaría un eventual segundo mandato de Milei.
Junto a Caputo estuvieron hoy el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El objetivo de los funcionarios es anticipar el programa financiero 2026-2027, con el objetivo de transmitirle certidumbre al mercado respecto de los pagos de deuda hasta las elecciones presidenciales y calmar las expectativas.
Según comunicaron los funcionarios, entre las distintas fuentes de financiamiento ya programadas, el programa financiero 2026 ya está sobrecumplido y quedará un excedente de 3.700 millones de dólares para el próximo año. El mensaje de Caputo y Furiase fue que eso hará que el cumplimiento de los pagos de 2027 sea menos desafiante de lo que espera la city.
El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades destacaron la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales.
Desde el equipo económico definieron la propuesta como «un programa financiero muy conservador en términos de lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones». El esquema se basa en el «armado de colchones en 2026» para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar «con mucha holgura» al 2027.
Uno de los puntos centrales del anuncio fue demostrar que el financiamiento «está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027». Esto explicó una nueva baja del riesgo país a la zona de los 415 puntos, una señal de mayor confianza de los inversores en que la Argentina cumplirá con sus obligaciones.
Furiase remarcó que el próximo año «va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año». Esta situación permitiría «sacar tensión e incertidumbre», factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.
Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se buscaron «fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas». En ese sentido, aclaró que «el endeudamiento en ley extranjera es una opción», pero que no están «obligados a emitir bonos» bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.
Uno de los instrumentos clave que usó el Palacio de Hacienda fue la implementación de dos bonos en dólares: uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028, finalizado el mandato de Milei. Ambos tenían como límite una colocación de hasta 2 mil millones de dólares. Tras haber completado esos cupos, Economía se aseguró buena parte del porcentaje final que afronta.
Entre las otras posibilidades aparecieron los organismos multilaterales. Los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) fueron los últimos aprobados por el Ejecutivo. Por un total de 1.750 millones de dólares, servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados: el Banco Mundial otorgó 1.200 millones de dólares, mientras que el aporte del BID fue menor, por 500 millones de dólares.
Por último, el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la ampliación de REPOS hasta 2028 redujo el volumen de compromisos para el año electoral y sirvió para despejar más dudas sobre el «poder de fuego» disponible de la administración libertaria.