El tratamiento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo para ratificar a Eduardo «Lalo» Cobos como interventor del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) sumó un duro posicionamiento en la Legislatura. El legislador José Macome fundamentó su voto en contra de la medida y cuestionó el esquema institucional de contralor de los servicios públicos en la provincia.
Para Macome, la figura de la intervención permanente atenta contra la transparencia y la calidad prestacional. El parlamentario señaló que la estructura ideal requiere reglas claras: un Poder Ejecutivo que contrate empresas idóneas para brindar un servicio eficiente, fiscalizado de forma rigurosa por un órgano autónomo capaz de supervisar y elevar informes precisos sobre las prestaciones.
El legislador advirtió que la continuidad de las intervenciones sumergió al sistema tucumano en un «círculo vicioso» institucional con consecuencias directas en la vida cotidiana de los vecinos. «El servicio es malo y caro. Las empresas operan en un marco de monopolio natural sin incentivos para la mejora», señaló.
Además, Macome sostuvo que hay un escaso control estatal. «Tenemos un ente regulador intervenido que pierde capacidad técnica y objetividad para auditar a las prestadoras», agregó.
«La Provincia carece de certezas e información certera sobre cómo se presta realmente el servicio en el territorio», indicó.
«El usuario final termina pagando las deficiencias de una estructura sin salida formal», marcó.
Macome remarcó que impulsó una iniciativa para modificar de raíz la ley de creación del Ersept. Según explicó, la intención de su proyecto es abrir un debate profundo dentro del recinto para institucionalizar el ente, normalizar las autoridades de control y cortar el esquema de intervenciones recurrentes que rige en el área energética y de saneamiento de la provincia.