Tras una jornada de extrema tensión y con graves incidentes en las calles, que que repercutieron en la sesión al punto de que casi se frena el debate, el Gobierno consiguió -con cambios hasta último momento y un final para el infarto- aprobar en general en el Senado la Ley Bases. El rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel fue clave para lograr desempatar la votación inicial de la iniciativa, que culminó con 36 votos a favor y 36 en contra.
«Mi voto es afirmativo», anunció Villarruel, mientras el kirchnerismo la abucheaba por argumentar su voto, una facultad que no le correspondería.
En la votación en particular, los libertarios también consiguieron aprobar los puntos más sensibles, que corrían riesgo de caerse: facultades delegadas, privatizaciones el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Lo curioso es que lo consiguieron con apoyo de legisladores que votaron en contra de la norma en general. El RIGI tuvo el aval, incluso, de tres senadores de Unión por la Patria y fue el artículos que más votos consiguió.
Así, a seis meses de iniciar su mandato, el presidente Javier Milei quedó un paso más cerca de conseguir su primera ley.
Un día antes de la sesión de la Cámara alta, la rebelión de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -que después de haber firmado en disidencia el proyecto oficialista llamaron directamente a no dar quórum- habían puesto en duda directamente el arranque de la sesión.
Sin embargo, habían pasado solo 15 minutos del horario convocado cuando la pantalla marcó que había quórum. Con lo justo: 37 senadores.
Dieron el presente los 7 legisladores de La Libertad Avanza (LLA); los del PRO (7), los tres de Cambio Federal que conduce Juan Carlos Romero; los tres de Unidad Federal, que conduce Carlos «Camau» Espínola; los misioneros Carlos Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut; y la rionegrina Mónica Esther Silva.
También los 13 radicales, incluso Martín Lousteau, que presentó dictamen propio y adelantó que votaría en contra del proyecto oficialista porque tiene «más vicios que virtudes». “En la propuesta del oficialismo no hay ninguna sola medida para los jubilados, PyMES, ni clase media, ni educación ni para la salud”, sentenció.
Además bajó al recinto la neuquina Lucila Crexell, que estuvo en el ojo de la tormenta por la filtración de un documento que probaba un acuerdo para su designación como embajadora de la UNESCO, aunque ella aseguró a Clarín que el trató venía de antes, que está frenado y que su publicación fue una «operación» para torcer su voto.
Los senadores de Unión por la Patria esperaron a que inicie la sesión para sentarse en las bancas pero los santacruceños directamente no participaron de la sesión. Bajaron recién minutos antes de la votación. Durante la jornada, Gadano incluso denunció haber recibido amenazas de muerte contra sus hijos.
Para garantizarse la ley, el Ejecutivo dio batalla y cedió cambios hasta último momento. Desde el arranque se los vio en los palcos supervisando el debate a el vice jefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de planeamiento estratégico, María Ibarzábal Murphy.
En las bancas, el miembro informante del oficialismo, Bartolomé Abdala, se encargó de anunciar nuevos cambios apenas se abrió la sesión.
Incorporaron a los organismos de cultura al listado de entes que Milei tiene prohibido disolver. Además eliminaron del anexo de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que incluye la TV Pública y Radio Nacional. Si no lo hacían, el rechazo iba a arrastrar también a las demás seis empresas -como AYSA- que figuran en el artículo. Además, el oficialismo sacó del proyecto el capítulo previsional que eliminaba la moratoria aprobada por el propio Congreso el año pasado y fijó un compromiso para terminar las obras nacionales que tenga más del 80 % de ejecución.
Diez horas después, Abdala agregó cambios en el polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que sumó numerosas críticas durante el debate. Para evitar que se caiga, el oficialismo incorporó modificaciones pensando en seducir a senadores de Unión por la Patria que responden a gobernadores peronistas y conseguir su acompañamiento, al igual que pasó en Diputados.
Entre ellos, acotó el RIGI a nueve sectores: de foresto industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología; y obliga en un porcentaje del 20 % a la contratación de proveedores locales.
«No nos están pidiendo herramientas, nos están extorsionando», planteó la camporista Juliana Di Tullio, y le mandó un mensaje a sus propios compañeros de bancada sembrando presión para evitar fugas. «Le quiero hablar a los que nos votaron. Acá estamos los 33, juntos. ’Estamos bien los 33’», lanzó mirando a sus pares.
En general todos votaron en contra. Pero en la particular el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, que responde Osvaldo Jaldo, y la jujeña Carolina Moisés apoyaron el RIGI.
La sesión tuvo fuertes cruces, pero no por los discursos sobre los artículos de la ley, sino por la situación de violencia en la calle. Uno de los más fuertes fue entre la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el senador kirchnerista Eduardo «Wado» de Pedro.
De Pedro pidió un cuarto intermedio para que un grupo de legisladores vayan a la calle a constatar la situación en la manifestación. El oficialismo se negaba a someterlo a votación y lo acusaba de buscar una excusa para «frenar» la sesión.
«Yo sé que usted reivindica un régimen distinto. Este es un sistema republicano y democrático», chicaneó el ex funcionario de Alberto Fernández. «No me haga entrar en su historia personal», lanzó la vicepresidenta, en referencia De Pedro, hijo de desaparecidos y nieto recuperado por Abuelas.
Para el Gobierno, los disturbios frente al Senado fueron “grupos terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”.