La Argentina y Brasil decidieron pausar la ametralladora verbal que había encendido el presidente Javier Milei en su visita al principal socio comercial del país, en medio de la campaña presidencial de ese país, que el 4 de octubre próximo irá a las urnas. “Ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, fueron algunos de los calificativos que Milei lanzó contra su par, Lula da Silva, que calificó esa intervención como “una payasada, al tiempo que advirtió que “nadie de afuera se va a entrometer en las elecciones brasileñas”.
Luego de varios días de idas y vueltas desde ambos lados decidieron bajar la tensión. Desde Brasil lo dejaron bien expuesto al aprobar la vuelta a la Argentina del embajador Julio Bitelli, mientras que el Gobierno nacional simplemente decidió ir bajando el tono de voz.
No hubo ni un llamado reconciliatorio, ni una decisión formal y concensuada por parte de ambos gobiernos para bajar tensiones, ni un pedido diplomático para reclamar un “alto el fuego”. Simplemente, sobre todo en lo económico, una situación de este tipo no le conviene a nadie y lo mejor es que pase lo más rápido posible. Desde lo comercial, la Argentina y Brasil se necesitan.
Más allá de que esto, el Gobierno argentino apuesta todo a que el ganador sea Flávio Bolsonaro, por lo que una disputa con Lula no tendría demasiado efecto negativo ya que, según su visión «estaría de salida». Por esto, y aunque hoy no es la intención, si «hiciera falta» Milei volvería a la carga contra el actual presidente de Brasil.
De acuerdo con proyecciones privadas sobre datos del Indec, este año la Argentina cerrará 2026 con exportaciones a Brasil por entre US$ 12.000 millones y US$ 12.500 millones, mientras que las importaciones se proyectan en torno de los US$ 14.000 millones a USD 15.000 millones para todo el año.
Con estas cifras, para la Argentina el comercio total con Brasil representará cerca del 15% al 17% de su comercio exterior total, lo que mantiena a Brasil como su principal socio comercial. Además, se prevé un saldo bilateral levemente negativo para Argentina –con un déficit comercial cercano a los US$ 2.000 millones-, una desaceleración del déficit respecto de los casi US$ 3.000 millones de 2025.
Del lado de Brasil los números también son importantes. Los cálculos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) de Brasil sostienen que para la economía de ese país la Argentina representa entre el 4% y el 5% de sus exportaciones globales y cerca del 5% de sus importaciones, situando a la Argentina como su tercer o cuarto socio comercial en importancia global, por detrás de potencias como China y Estados Unidos. Si se toman solo sus ventas industriales al exterior, la Argentina es su principal destino.
Consultada por Clarín, desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicio Argentino-Brasileña (Cambras), le bajaron el tono a la situación y lo atribuyeron a “ruido político”, aunque –al menos en esta instancia- sin impacto en lo estrictamente comercial.
“Esto no daña la agenda institucional ni de negocios; son relaciones comerciales que llevan 200 años y son muy sólidas, que no se rompen por un conflicto dialéctico. No es la primera vez que hay ruido político; ya pasó con otros gobiernos. Son dos presidentes con mucha personalidad y ambos están en un momento político especial”, dijo Mariana Camino, vicepresidenta de Cambras. Además la ejecutiva apunta que “no vemos impacto en los negocios en sí”.
El especialista en Comercio Exterior Marcelo Elizondo coincide con que no se verán efectos económicos, aunque sí políticos. “Posiblemente se mantenga la frialdad entre los gobiernos, pero mientras tanto entre los países siguen pasando cosas. De hecho, las reformas que impulsa la argentina en general, están beneficiando el vínculo con Brasil.
Desde el lado político, mientras tanto, apuntan al efecto que cualquier cambio en esta relación podría tener sobre la economía. “De la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos que están vinculados con quien es hoy nuestro principal socio comercial”, afirmaron en el Frente Renovador, y destacaron el “costo económico concreto” que terminarían pagando las Pymes.
Fuente: Clarín