El Gobierno redobla su mensaje optimista en medio de señales económicas mixtas y tensiones políticas crecientes. Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que “lo peor ya pasó” y que la inflación empezará a bajar en los próximos meses, distintos indicadores muestran un escenario más complejo, con impacto desigual en la población y focos de conflicto abiertos en el frente institucional.
“Se vienen los mejores 18 meses”. “La inflación comienza a bajar en mayo”. “Tarde o temprano va a bajar”. “La Argentina el país que más va a crecer en los próximos 30 años”, repiten Milei y Caputo. Durante la semana, ambos asumieron el rol de voceros centrales del modelo económico, en un contexto en el que el habitual portavoz, Manuel Adorni, quedó en un segundo plano. El mensaje oficial se estructura sobre dos ejes: por un lado, la defensa cerrada del rumbo económico; por otro, la advertencia de que no habrá cambios. “Te reconvertís y te adaptás o quedás afuera”, sintetiza la lógica que transmiten.
Milei, activo en redes sociales, apunta contra periodistas y empresarios que cuestionan la marcha de la economía. Sostiene que la situación “está más que bien” y pone como ejemplo la baja del dólar y del riesgo país. Caputo, en paralelo, busca reforzar la expectativa de mejora hacia adelante. En conjunto, intentan instalar la idea de que el ajuste ya hizo su parte más dura y que ahora comienza una etapa de recuperación.
Sin embargo, los datos recientes introducen matices. La inflación minorista subió de 2,9% a 3,4%, mientras que la mayorista saltó de 1% a 3,4%. También se registró una caída en el consumo de carne y crece el número de personas que trabajan en plataformas de reparto y transporte, que ya alcanza a 1,1 millón. A eso se suma una dinámica de precios que tensiona el poder adquisitivo: mientras los salarios se ajustan en torno al 2% mensual y la inflación del trimestre fue de 9,4%, la carne aumentó 20% entre enero y marzo.
El Presidente relativiza estos movimientos y asegura que no se trata de inflación sino de un “reacomodamiento de precios relativos”. Aun así, reconoce que el proceso de desaceleración llevará tiempo. Algunas consultoras coinciden en que el índice podría haber alcanzado un pico y proyectan una baja hacia niveles de entre 2,5% y 3%. En alimentos, incluso, detectan una desaceleración en las últimas semanas. Pero advierten que el índice general seguirá presionado por factores como el precio del petróleo y los ajustes en transporte.
En el plano externo, el Gobierno recibió respaldos que fortalecen su estrategia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó al programa económico como un “éxito fantástico”. Ese apoyo se suma a la decisión del FMI de avanzar en un acuerdo con un desembolso de 1000 millones de dólares y a una garantía del Banco Mundial por 2000 millones. Caputo destacó que logró financiamiento para cubrir los vencimientos del año a una tasa más baja que la del mercado internacional, en un contexto en el que el riesgo país sigue descendiendo, aunque todavía por encima de los 500 puntos.
Las tensiones políticas
En paralelo, crecen las tensiones políticas. La figura de Adorni genera incertidumbre y se anticipa un clima de fuerte confrontación en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sugirió que la próxima presentación del jefe de Gabinete será “para comprar pochoclo”, en alusión a un posible contraataque. En ese marco, comenzaron a circular cuestionamientos sobre declaraciones juradas de legisladores, lo que anticipa una disputa de alto voltaje.
La situación judicial que involucra a Adorni también suma ruido. La investigación avanza con la recolección de datos y pruebas, incluyendo la confirmación de un viaje a Aruba y la compra de un departamento. Por ahora no hay procesamiento, pero se espera que la Justicia le solicite justificar el origen de su patrimonio. En el Gobierno apuestan a que el tema pierda intensidad con el paso del tiempo.
Aun así, el principal problema para la Casa Rosada no es ese frente, sino el impacto económico en la vida cotidiana. Diversas encuestas reflejan preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes, el temor al desempleo y la persistencia de la inflación. En las principales áreas urbanas se siente la crisis industrial, mientras que las provincias enfrentan una caída de la coparticipación y de la recaudación.
En ese contexto, emerge la tensión entre el programa económico y la viabilidad política. Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson advierten en uno de sus trabajos sobre el riesgo de impulsar políticas que, aun siendo correctas desde lo técnico, choquen con la dinámica política y terminen fortaleciendo a sectores concentrados.
Del lado opositor, Axel Kicillof intenta posicionarse como articulador del peronismo. En los últimos días se mostró en España, con reuniones y actividades junto a dirigentes internacionales. A nivel local, mantuvo contactos con figuras como Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Su figura empieza a ser considerada como una alternativa, en parte por su distanciamiento de Cristina Kirchner.
Mientras tanto, los gobernadores peronistas que hoy colaboran con el oficialismo se mantienen al margen de ese armado. No se acercan a Kicillof, pero tampoco logran construir una opción propia, por lo que continúan negociando con el Gobierno nacional.
En el plano discursivo, la polarización se profundiza. Milei encuentra en Kicillof un antagonista claro y plantea la disputa en términos ideológicos: “Quien sabe de economía nunca puede ser socialista”, afirmó. La discusión comienza a ordenarse en torno a dos ejes: el temor a un regreso del kirchnerismo y la búsqueda de un frente opositor que logre imponerse al oficialismo.
En lo inmediato, el Gobierno enfrenta dos desafíos concretos. Por un lado, la reforma laboral, suspendida por una cautelar judicial que afecta a 84 artículos. La Procuración del Tesoro presentó un per saltum ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida. Por otro, el financiamiento universitario: tras el veto presidencial y la insistencia del Congreso, la Justicia falló a favor de las universidades. La deuda acumulada asciende a 2,5 billones de pesos. Cumplir implicaría déficit; no hacerlo, desobedecer un fallo judicial.