La Justicia tucumana resolvió frenar el cierre de una causa penal por presunta estafa que tiene en el centro de la escena a la conocida cervecería y bar Porter Brewery.
La decisión fue firmada por el juez subrogante Raúl Armando Cardozo, quien rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para declarar extinguida la acción penal por prescripción y, en cambio, dispuso que el expediente siga su curso en una instancia superior.
La denuncia fue impulsada por Damián Luis Battaglia, quien acusa a Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer de haberlo perjudicado económicamente en el marco de la constitución y el funcionamiento de distintas sociedades comerciales ligadas al negocio cervecero y gastronómico, entre ellas Porter Brewery SRL, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS.
De acuerdo con la reconstrucción que aparece en el expediente judicial, Battaglia aseguró que en sus inicios el proyecto de Porter Brewery había sido presentado como un emprendimiento compartido entre varias personas, con aportes económicos y participación societaria acordada de palabra. Sin embargo, según su versión, al momento de formalizar la empresa él habría quedado afuera de la estructura societaria, pese a haber realizado importantes inversiones.
En la presentación judicial se menciona que el denunciante habría aportado dinero e insumos para la puesta en marcha de Porter Brewery SRL y, posteriormente, más recursos para el desarrollo de Tucumán Brewing Company, una fábrica de cerveza artesanal. Pese a ello, sostiene que nunca se le reconoció el lugar que le correspondía dentro del negocio.
El corazón de la acusación gira justamente sobre eso: la supuesta existencia de una maniobra empresarial para excluirlo del negocio de Porter, mientras el emprendimiento continuaba funcionando y expandiéndose bajo otras estructuras societarias.
Según el planteo de la querella, con el paso de los años no sólo se habría mantenido esa exclusión, sino que además se habrían producido nuevas maniobras para impedirle acceder a utilidades, balances, documentación societaria y participación real dentro del negocio vinculado al bar y a la cervecería.
Uno de los puntos más delicados del expediente aparece en torno al año 2022, cuando Battaglia aseguró que fue convocado a una escribanía para firmar una supuesta cesión de cuotas sociales que, en teoría, iba a regularizar su situación dentro de Porter Brewery SRL. No obstante, según su denuncia, esa operación nunca se habría completado formalmente, ya que no se le entregó copia y tampoco se habría inscripto en el Registro Público de Comercio.
La Fiscalía, en cambio, había interpretado que el núcleo del conflicto penal se habría consumado entre 2016 y 2017, por lo que consideró que el delito de estafa ya estaba prescripto. En otras palabras, entendió que lo ocurrido después eran apenas consecuencias posteriores de un hecho inicial ya agotado.
Pero el juez no coincidió con ese criterio.
En su resolución, Cardozo sostuvo que no hay suficiente claridad ni profundidad investigativa como para cerrar la causa en esta etapa. Remarcó que lo denunciado podría no tratarse de un hecho aislado, sino de una sucesión de actos presuntamente conectados entre sí, algo que cambiaría por completo el cálculo del plazo de prescripción.
En términos simples: si la supuesta maniobra para dejarlo afuera de Porter no terminó en 2017, sino que continuó con nuevas acciones en años posteriores, la causa no estaría necesariamente prescripta.
El magistrado también puso el foco en que la investigación aún necesita mayor profundización, especialmente para determinar cuándo comenzó y cuándo habría cesado realmente la conducta denunciada. Incluso advirtió que en el expediente no obran todos los informes actualizados necesarios para tomar una decisión definitiva sobre el cierre del caso.
En paralelo, la querella también había planteado la nulidad del requerimiento fiscal de sobreseimiento, pero ese pedido fue rechazado por el juez, quien consideró que no se verificó una afectación concreta a sus derechos procesales.
Con este escenario, la causa ahora fue elevada al Fiscal de Cámara Penal de Apelaciones, que deberá intervenir ante la discrepancia entre el criterio del fiscal de instrucción y el del juez.
Así, el expediente que involucra a la historia societaria detrás de Porter Brewery, uno de los nombres más conocidos del circuito cervecero tucumano, seguirá abierto y bajo revisión judicial.
Fuente: Contexto