El Ministerio Fiscal lo acusó del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcohol en sangre y por circular con exceso de velocidad.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal, este martes en horas de la tarde se realizó una audiencia con el fin de legalizar la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de Gonzalo Nicolás González (27). El joven, de 27 años, está acusado de atropellar con su camioneta a Carlos Gerardo Robles, de 28, quien conducía un taxi y murió a raíz del violento choque. Ocurrió el último lunes (24 de abril) a la madrugada, en la esquina de Marcos Paz y San Miguel, en la capital. González solo sufrió politraumatismos, mientras que los tres ocupantes que lo acompañaban (18, 20 y 23 años) resultaron ilesos.
En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas, dirigida por Diego Hevia y en esta ocasión representada por el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía.
Según la teoría del caso narrada por el investigador, siendo las 6:20 horas aproximadamente, Robles manejaba su automóvil particular Fiat Cronos, ploteado como taxi, por calle San Miguel con sentido de circulación de norte a sur. Al llegar a la intercepción con Marcos Paz, González, quien conducía en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol (1,42 gr/l de alcohol en sangre) una camioneta Volkswagen Amarok color blanca por calle Marcos Paz en dirección de este a oeste, sin detener su marcha embistió al vehículo de la víctima, quien perdió la vida de forma inmediata como consecuencia del impacto por la conducción imprudente y antirreglamentaria del imputado.
La calificación legal provisoria que la Fiscalía le endilgó al imputado es la del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcohol en sangre y por circular con exceso de velocidad.
Las evidencias
En otra instancia de la audiencia, Zavalía procedió a enumerar las evidencias recolectadas hasta el momento. Entre ellas están el acta de intervención en el lugar por parte de la Policía y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el secuestro de ambos vehículos y el registro de cámaras de seguridad de domicilios de la zona. A su vez, es fundamental la declaración de un testigo presencial. Se trata de un hombre que iba en moto a trabajar y, una cuadra antes de donde fue siniestro fatal, casi es embestido por la camioneta que, de acuerdo a su relato, pasó a gran velocidad. Esta persona asegura haber visto el impacto contra el taxi y que se acercó al lugar. Intentó socorrer al taxista, pero aparentemente ya estaba sin vida. Él fue el encargado de llamar al 911.
Por otra parte, el funcionario judicial aclaró que ya solicitó un relevamiento de las cámaras de seguridad del municipio para observar el recorrido que hizo la camioneta, como así también aclaró que está pendiente la realización de un informe toxicológico, a cargo del ECIF.
Preso mientras continúa la investigación
“Hablamos de un hecho de características graves, en donde ha fallecido una persona joven que tenía una amplia perspectiva de vida, que se encontraba en actividad laboral en ese momento, y que inclusive el imputado le dejó su herramienta de trabajo totalmente destruida. El daño a resarcir es de gran magnitud”, expresó el funcionario del Ministerio Fiscal.
Asimismo, añadió: “También resulta imprescindible el dictado de la prisión preventiva al estar latente el riesgo de obstaculización, a los fines de que pueda desenvolverse normalmente la investigación e incorporar eventuales testigos a la causa. El imputado podría influir en testigos que son de importante relevancia, sobre todo los otros tres ocupantes de la camioneta, quienes le decían, según declaración de un testigo, que sacara el pie del acelerador”.
Es por esto que el MPF, con la adhesión de la querella, solicitó que se imponga a González la medida de coerción de mayor intensidad (prisión preventiva) por el plazo de 60 días a los fines de cautelar el proceso. En tanto que la defensa técnica ofreció medidas de menor intensidad: reglas de conducta y una caución de $ 2 millones, o bien el arresto domiciliario por 15 días.
Finalmente, el juez resolvió hacer lugar parcialmente al requerimiento de la Fiscalía y otorgó la prisión preventiva, pero por el plazo de 29 días (hasta el 24 de mayo), ordenando el alojamiento en una dependencia del sistema penitenciario.