El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez ratificó ante un tribunal su petición para que la líder política de derecha Keiko Fujimori sea condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016. La política, hija del expresidente Alberto Fujimori, enfrenta cargos por lavado de dinero y por liderar una organización criminal que recibió aportes para sus campañas electorales de 2011 y 2016, según fiscales que la investigan desde hace casi una década.
«En total, la pena concreta solicitada para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi es de 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días de multa e inhabilitación de 15 años y cinco meses», detalló Pérez durante la reanudación de las audiencias del juicio oral que sigue el Tercer Juzgado Penal Nacional contra la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otras 45 personas. Keiko Fujimori —que actualmente lidera el influyente partido derechista Fuerza Popular— debe presentarse ante los tribunales tras el inicio del juicio en su contra, tras una larga y extensa investigación por parte de la Fiscalía.
La dirigente estaba acompañada de su abogado y otros acusados en el juicio, entre antiguos funcionarios y militantes o miembros de su partido. El proceso está siendo retransmitido por televisión a millones de hogares en Perú. Se prevé que el juicio incluya más de 2.000 testigos, entre ellos un expresidente del mayor banco de Perú, quien testificará contra Fujimori.
Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp Ltd. durante más de una década hasta 2021, se dirigirá al tribunal en uno de los juicios más importantes de Perú en los últimos años, contra la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori. Credicorp donó 3,65 millones de dólares a la campaña de Fujimori en 2011. Fujimori se declaró inocente y rechazó las acusaciones, publicó este miércoles el sitio France 24.
Al momento de especificar la acusación y la pena para cada imputado, el fiscal consideró que Fujimori debe ser condenada por el delito de organización criminal, en calidad de líder, por dolo directo y como autor directo, y por el delito de lavado de activos agravado, con autoría mediata (dominio del hecho) y material. Durante la última audiencia, a la que no asistió Fujimori pero sí su abogada, Giulliana Loza, el fiscal calificó al partido de la líder política como una «organización criminal» que, según especificó, buscó «desarrollar su actividad criminal, pero sin ser sancionado».
«Están buscando impunidad, lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que se llevan a los tribunales. Hay planificación, pero también hay ejecución», acotó. Además, está acusada por el delito de obstrucción a la Justicia agravado y por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares. Esos aportes, señala la Fiscalía, tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Credicorp, Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle.
Al citar los hechos vinculados con el delito de lavado de activos, 2011 y 2016, Pérez recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.