El oficialismo de la Cámara de Diputados encarará este lunes negociaciones con los bloques dialoguistas para intentar alcanzar un acuerdo que permitan sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre, en las sesiones extraordinarias.
El Gobierno quiere prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre ya que con la nueva composición se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, con lo cual solo necesitará sumar 14 legisladores para aprobar las leyes.
Pero, ahora la urgencia del oficialismo es tener el respaldo de otros bloques que le permitan evitar que se emita dictamen el próximo martes, como lo establece el emplazamiento aprobado el 8 de octubre a instancias de la oposición.
Hasta ahora los impulsores del emplazamiento, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, y la izquierda señalan que buscarán tener quórum el martes en la comisión para emitir dictamen y tratarlo en la segunda quincena de este mes.
Encuentro Federal y DPS mantiene el proyecto del oficialismo pero incorpora las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan, con lo cual se disminuye el superávit fiscal del 1,5% al 0,9% del PBI.
En este contexto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, tendrá el lunes desde el mediodía una reunión con los bloques de la UCR, PRO, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre.
La UCR, PRO, Innovación Federal respaldan la posición del Gobierno de tratarlo en extraordinarias, pero para tener mayoría necesitan el acuerdo de Encuentro Federal y Democracia para Siempre
También es posible que concurran a ese encuentro que se realizará en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Benegas Lynch está recolectando todos los pedidos de los legisladores para que se envíen a Guberman para determinar cuales se podrían incorporar, mientras que no se altere el equilibrio fiscal, informaron fuentes parlamentarias.
De todos modos, las negociaciones no solo se realizan con los legisladores sino en Casa de Gobierno que mantienen conversaciones con los mandatarios provinciales.
Incluso, el presidente Javier Milei pidió el jueves pasado que respalden el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria, que se enviarán en diciembre,
Guberman aseguró que «la idea es mantener el compromiso asumido por el presidente de la Nación desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal porque estamos convencidos que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan y hemos visto validado eso en la elección legislativa”.
Dijo que “dentro del equilibrio fiscal, como como ya hemos manifestado, más allá de cumplir con las funciones básicas que que tiene que cumplir, el estado nacional estamos dispuestos a a escuchar las las opciones que que podamos recolectar de como propuestas de que surjan de del congreso”.
La comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de consulta en la cual expusieron, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
También lo hicieron los secretarios de Trabajo Julio Cordero y de Educación, Carlos Torrendell, el titular de ARCA, el subsecretario de Políticas Universitarios Alejandro Alvarez, la jefa de Gabinete del ministerio de Defensa, María Laura Carrasco y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay.
El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.
También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.
El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros
En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.