El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de dos comisarios de la Unidad Regional Norte que están vinculados en la causa penal que investiga a los miembros de la fuerza por haber empleado bienes estatales y haber usado a cuatro penados para realizar trabajos de albañilería en la casa de El Cadillal del ex jefe de la URN, Gustavo Beltrán. Los nuevos procesados fueron acusados por los delitos de peculado, falsificación de instrumento público y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y sometidos a un mes de prisión preventiva.
El escandaloso caso salió a la luz el 11 de noviembre de 2025 a raíz de una denuncia anónima que recibió el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y generó un gran revuelo dentro de la Policía y causó gran indignación en los tucumanos.
La titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira se hizo cargo de la investigación. Según su hipótesis inicial, desde agosto de 2025 hasta el pasado 11 de noviembre, Beltrán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de los detenidos, José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro hacia la dependencia de la Unidad Regional Norte, ubicada entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, para hacerlos trabajar en beneficio propio. Los cuatro, junto con los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, habrían sido trasladados en móviles policiales hacia El Cadillal para trabajar en la vivienda de Beltrán.
Entre noviembre y diciembre, el MPF formuló cargos en contra de Sergio Juárez (subjefe de la URN), Beltrán, Trejo, Teixeira y el sargento ayudante Walter Frías. Los dos primeros se encuentran detenidos en comisarías, mientras que los tres restantes permanecen bajo arresto domiciliario.
Nuevos acusados
“Entiendo que para que Beltrán se manejara con tal impunidad tiene que haber trabajado con complicidad de otros efectivos. Este es el puntapié inicial que tiene la Fiscalía para ahondar en la investigación de cómo es que venían sucediendo estos hechos y que nadie denunciaba”, había dicho Rivadeneira en la primera audiencia judicial, y que LA GACETA citó en su edición del 15 de noviembre de 2025.
Con el avance de la pesquisa, los investigadores identificaron a dos miembros de la fuerza que también habrían estado involucrados. Se trata del jefe de la División de Infantería Norte, Edim Roberto Ale Nasser, y de la comisario Fabiana Elizabet Villagrán, encargada del personal de la URN.
Siguiendo la explicación brindada por el auxiliar de fiscal, Federico Lizárraga, Ale Nasser “acondicionó las instalaciones de Infantería Norte, lugar que no se encontraba habilitado para el arresto de detenidos. Para ello proveyó de personal policial para la custodia permanente de los detenidos en el salón de Infantería URN, para que pudieran recibir la visita de sus familiares; como así también móviles y efectivos policiales a su cargo para los traslados de los presos, herramientas y materiales al inmueble del comisario Beltrán, ubicado en El Cadillal”.
Respecto a Villagrán, informó que la comisario se habría encargado de organizar y coordinar la salida de Tiseira y Trejo junto a Sarapura, Romano, Santillán y Navarro, a la casa de Beltrán en El Cadillal. “También se encargaba de transmitir las indicaciones de Beltrán y de registrar falsamente todo movimiento del personal policial como misión de servicio. Además le indicaba a los detenidos qué trabajos debían realizar”.
Prisión preventiva
El representante del MPF acusó a Ale Nasser de ser partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicio, y de ser autor de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública. A Villagrán la imputó como partícipe necesario del delito de peculado de uso y de servicio y como autora de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de falsificación de instrumento público, en perjuicio de la administración pública.
Luego de exponer las evidencias solicitó que fueran sometidos a cuatro meses de prisión preventiva. “Existe una capacidad real de influir sobre testigos y coimputados por su rol jerárquico y pertenencia institucional de ambos imputados, ya que en esta causa estamos tratando de investigar una maniobra cometida desde una estructura policial con intervención de personal de distintas áreas y con el uso de recursos del Estado”, remarcó.
Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a las medidas de coerción de mayor intensidad, concediéndolas por el término de un mes.
Fuente: La Gaceta