En un paso hacia la igualdad ante la ley, el legislador José Cano presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 25 del Código Procesal Penal de Tucumán. La propuesta permite que los procesos judiciales contra legisladores, jueces y funcionarios públicos avancen hasta el dictado de la sentencia, sin necesidad de desafuero previo.
¿Qué establece la iniciativa?
La modificación permitiría que los fiscales y jueces continúen con las investigaciones y procedimientos, sin que sea necesario solicitar el desafuero hasta que exista una medida que implique la restricción de la libertad. De esta manera, se evitaría que los fueros sean utilizados como excusa para frenar procesos judiciales en casos de denuncia contra legisladores, magistrados o funcionarios.
El proyecto no afecta las inmunidades constitucionales de arresto y opinión, garantizadas tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución Provincial. Estas prerrogativas protegen la independencia de los poderes del Estado, pero no deberían ser un obstáculo para que la justicia actúe.
“La Constitución garantiza dos tipos de inmunidades: la de arresto, que impide la privación de la libertad, y la de opinión, que protege las expresiones de los legisladores en el recinto. Sin embargo, estas inmunidades no deben frenar el avance de los procesos judiciales. Lo que proponemos es que el fiscal pueda llevar adelante la investigación y el juicio hasta la sentencia, sin interferencias”, explicó Cano.
Cano aclaró que la reforma no afecta las inmunidades constitucionales, pero sí pone fin a la llamada «inmunidad procesal», un privilegio que, según el legislador, no tiene respaldo en los principios democráticos de igualdad ante la ley.
Un cambio clave para la justicia
El legislador radical subrayó que el proyecto respeta los principios constitucionales y está alineado con la doctrina jurídica. Citando al reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos, señaló que la inmunidad de arresto es solo una exención de privación de libertad, no una «inmunidad de proceso».
“La inmunidad no impide que los legisladores, jueces o funcionarios sean investigados y juzgados como cualquier ciudadano. Lo que buscamos es garantizar que los procesos avancen sin obstáculos, hasta su resolución final. Este cambio asegura que todos los ciudadanos, sin importar su cargo, sean tratados de la misma manera por la justicia”, agregó.
“La justicia debe ser igual para todos. Este proyecto asegura que los procesos judiciales puedan avanzar hasta la sentencia, sin importar el cargo que ocupe la persona denunciada. Es una medida que fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y elimina cualquier privilegio indebido”, afirmó Cano.