El Gobierno de Tucumán busca encauzar la compleja situación legal y administrativa de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, cuyo contrato de concesión con la empresa Terminal del Tucumán S.A. vence el próximo lunes 27, tras más de tres décadas de vigencia.
En medio de tensas negociaciones y reclamos judiciales, la Casa de Gobierno propuso una prórroga de seis meses para garantizar una transición ordenada hasta la adjudicación del nuevo operador.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo ofreció a la firma un diferimiento del plazo de entrega de las instalaciones hasta fines de abril, a la espera de que la empresa brinde su respuesta formal en las próximas horas.
En caso de aceptación, se avanzará con un instrumento legal que permita extender temporalmente el contrato, mientras se define el nuevo proceso de licitación.
En paralelo, equipos técnicos de los ministerios de Obras Públicas y Transporte —a cargo de Marcelo Nazur—, de Economía —dirigido por Daniel Abad— y de la Fiscalía de Estado —encabezada por Gilda Pedicone— trabajan en la redacción del pliego de bases y condiciones para la futura concesión de la estación ubicada frente al parque 9 de Julio.
El nuevo esquema contemplará un plan de inversiones de entre 8 y 10 millones de dólares y mejoras estructurales que garanticen un funcionamiento moderno y continuo de la terminal.
El Gobierno planea incluir en el pliego una cláusula que excluya a empresas que mantengan litigios con el Estado provincial, aunque no descarta que la actual concesionaria pueda participar si resuelve su situación judicial.
La relación entre la Provincia y Terminal del Tucumán S.A. arrastra dos demandas millonarias, una de ellas con sentencia favorable a la empresa en 2017 por la falta de cobro de los “toques de andén”.
La semana pasada, representantes del Ejecutivo y de la empresa se reunieron en la estación para discutir la posibilidad de postergar la entrega de las instalaciones.
Durante el encuentro, se presentó un esquema elaborado por los abogados del Estado, y la concesionaria se comprometió a evaluar la propuesta de extensión.
En tanto, empleados de la terminal manifestaron su preocupación por eventuales despidos, aunque desde el Gobierno transmitieron un mensaje de tranquilidad.
“El concesionario actual seguirá operando bajo una transición que nos permitirá afinar los detalles del nuevo llamado a licitación”, afirmó el ministro Nazur.
El funcionario destacó que el objetivo del Ejecutivo, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, es preservar los puestos de trabajo y modernizar la terminal, asegurando la continuidad de los servicios y un entorno accesible y funcional.
“Esta terminal debe volver a ser un punto de encuentro para todos los tucumanos, con mejoras integrales y cuidado de las instalaciones”, concluyó Nazur.