El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil entró en la recta final este jueves, luego de que la Cámara de Diputados comenzara a sesionar a las 11.18 en el marco de las extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
Con quórum de 129 legisladores, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió habilitar el tratamiento del proyecto con apoyo de bloques dialoguistas. La iniciativa ya había sido discutida durante 2024 y parte de 2025, pero no había logrado llegar al recinto por falta de votos.
Baja de la edad de imputabilidad: el punto central del proyecto
El “corazón” del nuevo Régimen Penal Juvenil es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Gobierno había propuesto inicialmente llevarla a 13 años, pero los consensos parlamentarios cerraron finalmente en 14.
El proyecto establece: plicación de medidas socioeducativas y laborales; penas alternativas en delitos con hasta 3 años de prisión; medidas progresivas en delitos de 3 a 10 años (sin muerte o lesiones graves). También, penas privativas de libertad en institutos especializados y un máximo de 15 años de prisión para adolescentes (el Ejecutivo proponía 20).
Las detenciones deberán cumplirse en domicilios, institutos abiertos o centros especializados, siempre separados de adultos.
Presupuesto y financiamiento del Régimen Penal Juvenil
A diferencia del dictamen anterior, el texto actual incluye una asignación presupuestaria estimada en $23.739 millones.
De ese total: $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia. $20.607 millones serán asignados a la Defensoría General de la Nación.
Además, se prevé que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan firmar convenios para adecuar sus sistemas judiciales y de detención juvenil.
Uno de los puntos que generó debate es si los fondos nacionales alcanzarán para cubrir los costos de infraestructura que deberán asumir las provincias.
Posturas enfrentadas en el recinto
Durante el inicio del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa y sostuvo que el régimen actual “es ineficiente, no previene, no resocializa y tampoco repara a las víctimas”.
Desde la oposición, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico” y defendió un dictamen alternativo que mantiene la edad de imputabilidad entre los 16 y 18 años.
El jefe de ese bloque, Germán Martínez, cuestionó que no se hayan incorporado aportes de organismos como la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
También hubo fuertes críticas desde el Frente de Izquierda. Myriam Bregman advirtió que la ley “es para la persecución penal de los pibes” y cuestionó el enfoque punitivo.
En contraste, legisladores como Cristian Ritondo (Pro) y Miguel Pichetto respaldaron la baja a 14 años, aunque este último puso en duda la capacidad presupuestaria del Estado para implementar plenamente el sistema.
Caso Jeremías Monzón y contexto político
El tratamiento del Régimen Penal Juvenil volvió a tomar impulso tras un nuevo caso mediático: el asesinato de Jeremías Monzón, presuntamente cometido por menores. La madre de la víctima estuvo presente en el Congreso durante la sesión.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma responde a un reclamo social frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
La oposición, en cambio, advierte que el problema de la inseguridad no se resolverá únicamente con una baja en la edad de imputabilidad y reclama mayor inversión social y preventiva.