El gobierno de Javier Milei anuncia recortes y aplicación de “motosierra” en distintos sectores del Estado que no siempre se condicen con la realidad de los números. Uno de esos casos es el de los Registros de la Propiedad Automotor. Se trata de las oficinas en las que se registra la compra, venta, cambios de titularidad y otros trámites de los automóviles, motovehículos, maquinarias agrícolas y otro tipo de rodados.
En diciembre del 2023, cuando la gestión libertaria asumió la conducción del país, había un total de 1.550 Registros habilitados a lo largo y ancho del país. La mayor parte de las oficinas se encontraba en la provincia de Buenos Aires, y en el Conurbano más específicamente. La información surge de un pedido de información pública que realizó PERFIL al Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona.
De los 1.550 Registros que existían en diciembre del 2023, solo se quitaron 136. Una cifra exigua que marca que menos del 10% de las oficinas fueron eliminadas, pese a los anuncios rimbombantes realizados meses atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni. También surge del pedido de información pública, que el Ministerio de Justicia frenó la creación de doce Registros que venían heredados de la gestión anterior.
Pero hay algo por demás llamativo. Coinciden los 136 Registros del Automotor eliminados con las 136 oficinas que fueron absorbidas y reasignadas, lo que en la práctica significa una casi nula supresión de gastos administrativos y burocráticos. Un ejemplo: el “Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios” de la localidad bonaerense de Arrecifes absorbió las competencias de los registros de “Motovehículos” y “Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial” de la misma localidad. En la gran mayoría de los casos, se trata de una sola oficina con una cantidad de empleados determinada y pertenece a un solo encargado, es decir, a un solo titular de la oficina.
Se puede inferir de esa manera que la reducción de registros obedece más a una lógica cosmética, que a una verdadera transformación de fondo y desburocratización del sistema. En el Ministerio de Justicia, señalan que hubo “grandes avances”.
Las mayores novedades en la materia vienen ligadas al arribo de Patricio Gilligan, un hombre que tuvo su paso por Ferrocarriles Argentinos y que renunció en junio del año pasado. Gilligan está cumpliendo funciones como director Nacional de los Registros del Automotor y Créditos Prendarios aunque su designación no fue oficializada en el Boletín Oficial.
Según trasciende, Gilligan llega con tres mandatos: mejorar el sistema de patentamientos; avanzar en la digitalización del sistema lo que quedó trunco; y resolver los problemas impositivos con el sistema de “ventanilla única” que no está teniendo el funcionamiento esperado.
Gilligan tiene un estrecho vínculo con Florencia Zicavo, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores quien también tiene cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo. Circuló también que Gilligan desembarcó en la Dirección en el Ministerio con un equipo de abogados y de asesores contables provenientes de las empresas de Ferrocarriles, donde estuvo el año pasado.