Este martes 24 de marzo se cumple el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina iniciado por las tres fuerzas armadas, comandadas por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), luego de derrocar a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional dio inicio a lo que luego, en el Juicio a las Juntas Militares, fue denominado terrorismo de Estado, donde se instauró un régimen basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas con el funcionamiento de centros clandestinos de detención como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los lugares más relevantes en este período.
La represión generalizada afectó tanto a militantes políticos como sindicales y sociales, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reestructurar la economía. Se disolvió el Congreso y se eliminó la libertad de expresión.
Los meses previos al 24 de marzo de 1976 estuvieron marcados por un endeble orden constitucional, una crisis económica sin precedentes y una escalada de violencia política significativa en todo el territorio. Por ese motivo, el golpe de Estado llevado a cabo por Videla, Massera y Agosti fue el final anunciado de la democracia, de acuerdo con el debilitamiento que mostraba públicamente Martínez de Perón quien, luego del fallecimiento de su esposo, enfrentó fracturas internas en el peronismo y una marcada pérdida de autoridad.
Las organizaciones paraestatales como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), planificaban y concretaban asesinatos y secuestros de militantes políticos y sindicales, mientras que grupos guerrilleros como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros mantenían enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad.
Contexto previo
En febrero de 1975 se inició el Operativo Independencia en Tucumán, hecho que marcó el comienzo de la intervención directa de las Fuerzas Armadas bajo el decreto de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos», lo que justificaba cualquier acto represivo y sangriento.
Meses después, en junio de 1975, el por entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, instauró un plan de ajuste que incluyó una devaluación superior al 100%, acompañado de aumentos extremos en tarifas de servicios y combustibles. Esa situación impactó directamente en la inflación, que se disparó al 182% anual, al mismo tiempo en que los salarios reales se desplomaban.
El “Rodrigazo”, como se conoció popularmente, impulsó a que la CGT iniciara el primer paro general contra un gobierno peronista.
El escenario era uno de los peores vistos en la historia argentina: el país enfrentaba un déficit fiscal impensado, una caída de reservas exhorbitante y un creciente descontento social que alimentó el clima de inestabilidad previo al golpe.
La complicidad de los sectores perteneciente a la Sociedad Rural, grupos empresariales, financieros y medios de prensa solicitaron y apoyaron la intervención militar para «restablecer el orden”. Debido a ello, las tres fuerzas armadas coordinaron sus acciones, desde mediados de ese año, para tomar el control total del país de manera uniforme (a diferencia de los cinco golpes anteriores).
El contexto latinoamericano no era diferente: se encontraba atravesado por la consolidación de dictaduras alineadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el fin de «combatir el comunismo».
Esa “pelea” se dio a través de la la implementación sistemática del Plan Cóndor, una red de coordinación represiva transnacional creada en noviembre de 1975 por todas las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos de toda la región.
Fue fundado inicialmente por las inteligencias militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Chile, para suprimir toda acción impulsada por agrupaciones políticas de izquierda y a aquellos “subversivos” exiliados en otros países. Posteriormente se sumó Brasil y, en menor medida, Perú y Ecuador.
Contó con el respaldo del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, que tenía en la presidencia a Gerald Ford, y también de sus servicios de inteligencia, como la CIA, para mantener a la región bajo un dogma neoliberal y cristiano; revirtió reformas sociales y aplicó planes económicos que beneficiaron puntualmente a sectores empresariales y financieros.
Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, además de bebés y niños apropiados o nacidos en cautiverio, la primera organización dedicada específicamente a esa tarea fue Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, fundada el 30 de septiembre de 1976.
Esta agrupación fue la primera en realizar los reclamos formales por iniciativa de los familiares de las víctimas, y así reclamar deforma pública y conjunta su aparición. La iniciativa impulsó a que surgieran otras organizaciones se sumaron con el mismo objetivo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la entidad que recibió las primeras denuncias por parte de familiares y amigos de desaparecidos; mientras que el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), creado por diversas iglesias, brindó asistencia para documentar los casos.
La llegada de las Madres
El 30 de abril de 1977 se presentaron por primera vez las Madres de Plaza de Mayo, quienes rondaban en silencio y a paso lento la Pirámide de Mayo que se encuentra en el centro de la Plaza; al mismo tiempo, Abuelas de Plaza de Mayo, quienes inicialmente se denominaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, se enfocaron en la búsqueda de niños y niñas nacidos en cautiverio o secuestrados.
El juicio
Casi 10 años después del inicio del último golpe militar, el 9 de diciembre de 1985 y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se dictó la sentencia del juicio a las Juntas Militares que, durante ocho meses, había logrado reunir a testigos y documentación pertinente para condenar a los responsables del Proceso de Reorganización Nacional. El fiscal de la causa fue Julio Strassera, quien estuvo asistido de forma constante por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
El veredicto determinado por el tribunal compuesto por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz fue tomado como ejemplo no sólo en nuestro país sino en el mundo y sentó precedentes de tal magnitud como lo habían hecho, décadas antes, los Juicios de Nüremberg (noviembre de 1945 a octubre de 1946) que condenaron a los responsables del Holocausto en la Alemania nazi.
Finalmente, se condenó a reclusión perpetua con destitución a Videla y a Massera; Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya quedaron absueltos.
El tribunal consideró que las distintas Juntas Militares, que tomaron el poder durante ese periodo, habían planificado un “sistema represivo ilegal”, con el agravante de «un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios».
Cifras oficiales provenientes de las denuncias documentadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) indican que hubo inicialmente 8.961 personas desaparecidas, mientras que documentos de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas, desclasificados por Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1975 y1978, indican 22.000.
Por este motivo, la estimación de los organismos de derechos humanos, que representa el carácter clandestino de la desaparición forzada, sostiene aún hoy que «fueron y son 30.000”.
Los nietos
Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo recuperó a 140 nietos y nietas, pero aún faltan más de 300 personas víctimas del plan sistemático de apropiación, dado que se estima que alrededor de 500 bebés fueron robados y la mayoría aún desconoce su verdadera identidad.
Debido a la falta de registros y a la naturaleza clandestina de un régimen militar que ocultó el destino final de las personas, la lista de víctimas continúa abierta.