La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán ya tiene seis detenidos y sigue sumando derivaciones judiciales y políticas. Con el correr de los días se conocen nuevos detalles sobre la acusación, las estrategias de las defensas y los posibles vínculos que rodean a los sospechosos.
El caso se inició con la detención de Marcos Nacif, quien fue sorprendido transportando la droga en una Toyota Hilux. Según declaró, Pablo Abraham Pérez lo había contratado para llevar bidones con combustible hasta la entrada de Chicligasta, donde supuestamente lo esperarían otras personas. En un primer momento había anticipado que aportaría datos para demostrar su inocencia, pero luego desistió de ampliar su declaración. Con Javier Lobo Aragón hijo como defensor, podría volver a hablar.
El segundo detenido fue Rodrigo “Icha” Chávez, propietario de la camioneta en la que se trasladó la cocaína. El verdulero y excandidato a concejal de Famaillá por un espacio vinculado al manzurismo aseguró que había entregado el vehículo como forma de pago 15 días antes del secuestro. Sin embargo, dentro de la Hilux se encontró documentación a su nombre, su DNI y banderas de la agrupación por la que se postuló. Su defensa, a cargo de Benito Allende, busca demostrar que no tuvo participación en la maniobra.
Otro de los nombres centrales es Pablo Abraham Pérez, empresario de la noche famaillense, transportista y vinculado a la compra y venta de autos. Se presentó ante las autoridades tras confirmarse que existía una orden de detención en su contra. Según la investigación, el jueves 4 habría estacionado en la playa de una estación de servicio la camioneta en la que se transportaba la droga. El vehículo permaneció allí durante una hora sin custodia. Su defensor, Ernesto García Biagosch, analiza cuándo declarará.
También fue detenido Matías Díaz, comerciante relacionado con la compra y venta de vehículos usados y vinculado con Abraham Pérez. Según la pesquisa, estuvo reunido con él antes del secuestro de la droga en la estación de servicio. Los investigadores además detectaron que su esposa, sin trabajo formal declarado, figura como propietaria de dos camionetas de alta gama y un camión con acoplado.
En la causa también aparecen Enrique Santos Catulo y su hijo Fernando Catulo Chamas. Enrique Catulo, condenado en el juicio contra el clan Ale por integrar una asociación ilícita, fue detenido por haberse reunido con Abraham Pérez en la estación de servicio. Además, habría participado en la venta de la camioneta donde se encontró la droga. Declaró que el encuentro fue para cobrar una deuda derivada de la venta de otro vehículo. Su defensa pidió arresto domiciliario.
Su hijo, Fernando Catulo Chamas, se encuentra en una situación similar. Fue quien confirmó que Abraham Pérez se retiró de la estación de servicio en un auto y no en la camioneta que luego fue hallada con la cocaína. Su testimonio podría ser clave para reconstruir los movimientos previos al secuestro. Sus abogados pidieron la excarcelación.
La figura de “Pelaín” Nasif
En paralelo, la investigación volvió a poner bajo la lupa a Jorge “Pelaín” Nasif, un hombre de Famaillá que ya había aparecido en otro expediente resonante. En 2022 fue víctima de un violento episodio atribuido a la banda de los llamados “narcopolicías”, un grupo integrado por efectivos que robaba droga o capturaba supuestos narcos para exigir rescates.
Durante aquel juicio, Nasif declaró que se dedicaba a la compra y venta de automotores y sostuvo que estaba en el proceso como víctima, no como acusado. Sin embargo, uno de los policías condenados dijo que habían ingresado a su casa porque recibieron información de que estaba por recibir un cargamento de droga.
El año pasado, Nasif comenzó a ser investigado por presunta comercialización de estupefacientes. Permaneció prófugo durante varios meses hasta que fue detenido en la casa de su pareja. Actualmente está procesado y alojado en el penal de Benjamín Paz.
El fiscal Carlos Sale encontró elementos para sospechar que Nasif podría haber tenido una actividad de mayor escala que el narcomenudeo y que habría abastecido a distintos puntos de venta del sur provincial. Según fuentes judiciales, en cámaras instaladas por el propio Nasif en su vivienda se lo observaría manipulando panes de cocaína.
Con esos elementos, Sale pidió que la causa fuera enviada a la Justicia Federal por posible narcotráfico, pero un juez rechazó el planteo. La cuestión deberá ser resuelta por un tribunal de Impugnación en una audiencia prevista para el 30 de julio.
Derivaciones políticas
El expediente por los 470 kilos de cocaína también generó ruido en la política tucumana. En los últimos días trascendió que uno de los detenidos mantendría un vínculo con una empleada de la Legislatura. Según esa versión, el vicegobernador Miguel Acevedo habría consultado a una legisladora opositora sobre la información que circulaba en los pasillos y, tras recibir una respuesta afirmativa, habría solicitado que se pusiera fin a la relación laboral de la trabajadora.
De todos modos, la mujer no aparece mencionada en el expediente ni fue vinculada formalmente a la causa judicial.
Este sería el segundo nexo político que surge alrededor de la investigación. El primero fue la confirmación de que Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los detenidos, había sido candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular.
La causa, por ahora, sigue abierta y con varias líneas de investigación en curso. Los investigadores buscan reconstruir quiénes participaron en el traslado de la droga, quiénes eran los responsables de la logística y cuál era el destino final de los 470 kilos de cocaína secuestrados.