Argentina tiene uno de los sistemas tributarios con mayor disparidad entre regiones, por lo que es necesario avanzar hacia un nuevo sistema «más armónico, federal y coordinado» que «equilibre las oportunidades de las provincias», de acuerdo con un estudio privado.
Según el estudio de Fundar -organización dedicada a la investigación y diseño de políticas públicas- Argentina «es uno de los países con mayores disparidades regionales. Vivir en Salta, Santa Cruz o CABA es muy diferente. Donde vivís determina si tu escuela tiene laboratorio o suspende clases por falta de gas».
¿Por qué las diferencias regionales son tan profundas? Una de las razones, indicó Fundar, es que el país funciona con «un sistema fiscal federal que quedó viejo hace rato».
«Las provincias manejan el 72% del gasto en educación y el 43% en salud, pero con recursos muy desiguales. Algunas pueden autofinanciar el 90% de sus gastos y otras no llegan ni al 10%», señaló el estudio.
En este contexto, introdujo una serie de recomendaciones para avanzar hacia un sistema más armónico, federal y coordinado:
.Establecer un nuevo sistema que priorice la coordinación tributaria
.Crear un nuevo organismo fiscal federal empoderado, que unifique los existentes en la actualidad y funcione como el órgano de aplicación encargado de hacer cumplir los compromisos
.Establecer la distribución primaria en función de las responsabilidades de gasto netas de la capacidad tributaria propia
.Considerar al sistema de seguridad social como un tercer actor en el reparto de recursos tributarios
.Establecer la distribución secundaria en función de la necesidad de gasto estandarizada e inversa de la capacidad tributaria potencial propia. Sería una transferencia de igualación combinada para equiparar la brecha entre ingresos y costos (gap-filling)
.Consolidar la masa coparticipable mediante la eliminación de todas las asignaciones específicas de recursos tributarios compartidos
.Respecto a los recursos nacionales no compartidos
.Armonizar tributos (diseño y administración) mediante el organismo fiscal federal. La transferencia de igualación combinada propuesta (gap-filling) genera los incentivos a recaudar bien en los niveles locales
Fundar observó que entre 1992 y 2021 se firmaron 11 pactos que nunca se cumplieron. La reforma constitucional de 1994 dispuso que cualquier modificación a la Ley de Coparticipación requiere un acuerdo suscripto por todas las provincias, la aprobación del Congreso con mayoría calificada y la ratificación de las legislaturas locales.
«Es por eso que más de 30 años después no se ha logrado sancionar un nuevo régimen de coparticipación, vital para coordinar las potestades concurrentes entre el gobierno nacional y los provinciales. Sin su sanción, la coordinación de la política tributaria federal se mantiene en una situación anacrónica, anómala y anárquica mediante la prórroga automática de la Ley de Coparticipación de 1988», concluyó.