El malestar del sector productivo del Norte Grande alcanzó un punto de ebullición frente al rumbo económico de la administración central. Mientras el presidente Javier Milei visitó Tucumán para participar del Foro Económico del NOA —donde enfrentó fuertes protestas en las calles y renovó sus críticas al advertir: «Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro»—, los referentes fabriles de la región denunciaron un escenario de asfixia financiera y falta de respuestas oficiales. La crisis expuso una profunda desconexión entre el relato gubernamental y la realidad de las economías regionales, que advirtieron sobre un inminente colapso de la actividad.
En este contexto, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, visibilizó el descontento de las provincias del norte.
El dirigente trazó un duro diagnóstico sobre el impacto de la recesión económica y alertó que el sector productivo local quedó en una posición de extrema vulnerabilidad frente a las decisiones de la Casa Rosada. Al describir la gravedad institucional y económica de la situación, el empresario fue tajante: «Somos kelpers, somos parias».
La falta de canales de comunicación agravó el conflicto político. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en foros internacionales que el modelo oficial «no es antiempresario» y en su participación en el evento que organizó IAEF aseguró mantener un diálogo fluido con los actores del sector privado. Sin embargo, la cúpula industrial tucumana desmintió esa cercanía de manera categórica. Al ser consultado sobre su vínculo con el titular del Palacio de Hacienda, Rocchia Ferro expuso la nula receptividad oficial: «No me da bola». Asimismo, reveló la urgencia del sector y solicitó públicamente una audiencia urgente con el funcionario nacional.
Falta de diálogo y asfixia fiscal
El reclamo de los industriales se sustentó en una serie de asimetrías estructurales que encarecieron la producción de manera insostenible. Uno de los ejes centrales del conflicto radicó en la presión impositiva desmedida que recayó sobre los servicios básicos. El dirigente detalló que la sumatoria de tributos nacionales, provinciales y municipales multiplicó los costos operativos de las fábricas. Para ilustrar este impacto directo en las cuentas, precisó que una factura de electricidad de dos millones de pesos «termina siendo $20 millones, por todos los cargos que tiene».
A la carga fiscal se sumó el encarecimiento de los insumos energéticos y la deficiencia histórica en la infraestructura logística. Rocchia Ferro señaló que la región carece de rutas adecuadas y de una red ferroviaria funcional para el transporte de mercaderías. Además, cuestionó el esquema de precios de los combustibles y exigió un trato diferencial para compensar la falta de acceso a la red de gas natural. Sobre este punto, el empresario exigió una equiparación lógica con otras zonas del país: «Nos debería costar lo mismo que el sur, USD 2,61».
Biocombustibles e importaciones en la mira
La política en materia de energía verde representó otro foco de fricción con el Ejecutivo. El titular de la entidad fabril remarcó que la actividad de los biocombustibles resulta vital para el sostenimiento económico y social del norte argentino. Frente a la inacción oficial, el petitorio del sector fue directo y exigió seguridad jurídica para las inversiones existentes. «Usted tiene una ley de biocombustibles, cúmplala», sería uno de sus mensajes que enviaría si mantuviera una charla con Milei, afirmó.
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En el plano comercial, la apertura indiscriminada de importaciones encendió las alarmas por la supervivencia de las firmas locales. El sector alertó sobre la competencia desleal frente a productos extranjeros que ingresaron subsidiados por sus propios Estados de origen, como es el caso de China. Ante la imposibilidad de competir bajo esas condiciones, Rocchia Ferro reclamó la implementación de valores de referencia, la revisión de los certificados de origen y la fijación de cupos específicos, medidas diseñadas para resguardar a la industria textil.
Cierre de empresas y desocupación masiva
El impacto de esta crisis industrial proyectó un escenario de desocupación masiva a corto plazo. El dirigente recordó que la actividad azucarera generó empleo para más de 55.000 personas en el norte, mientras que el sector del limón ocupó a otros 30.000 operarios. Para dimensionar la gravedad de las políticas de ajuste sobre el entramado privado a nivel nacional, el presidente de la cámara tucumana aportó un dato estadístico alarmante: «En el país han cerrado 26.000 empresas».
Frente a los constantes agravios del Poder Ejecutivo, los empresarios exigieron respeto institucional y previsibilidad financiera. Rocchia Ferro desestimó las acusaciones que los tildaron de «prebendarios» y defendió el rol de las fábricas como las verdaderas generadoras de valor. Por último, reclamó condiciones estrictas para la llegada de capitales externos y propuso que el dinero extranjero permanezca inmovilizado por al menos 18 meses para evitar la especulación financiera, dado que, ante el menor riesgo macroeconómico, «cuando se asustan se la llevan a toda».
Fuente:Contexto