Las cifras de deportaciones difieren según la fuente. Oscilan entre 70.000 y 140.000 en los primeros seis meses del segundo gobierno de Donald Trump. Pero el presidente estadounidense va por más: ahora quiere ir contra beneficiarios de la famosa “green card” y hasta los extranjeros naturalizados bajo trámites irregulares o con antecedentes penales.
Su plan A de eliminar la ciudadanía por nacimiento quedó por ahora interrumpido por un juez federal de New Hampshire tras una demanda colectiva elevada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU). El fallo del juez Joseph Laplante será apelado por el gobierno, que había fijado para el 27 de julio la entrada en vigencia de esta polémica medida.
Pero Trump no se detiene. Lanzó una verdadera cacería de inmigrantes sin documentos que provocó protestas y disturbios en Los Ángeles y otras grandes ciudades del país. Además, canceló el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a más de 800.000 inmigrantes de Venezuela y Haití y a unos 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Todos ellos están hoy bajo riesgo de ser detenidos, procesados y deportados en cualquier momento.
Ahora quiere ir por todo: ordenó al Departamento de Justicia reforzar sus recursos contra los ciudadanos naturalizados sospechosos de obtener ilegalmente su ciudadanía estadounidense, según reveló El Nuevo Herald.
Un memorando citado por el diario de la Florida pidió centrarse no solo en las personas que hayan mentido sobre un delito o cometido algún crimen durante el proceso de naturalización, sino también en otras que delinquieron después de obtener la ciudadanía.
“El intento de Trump de revocar la ciudadanía es un ataque directo a la Constitución”, dijo a TN la activista argentina María Bilbao, coordinadora de la sección Florida de la American Friends Service Committee Experience, una ONG que ayuda a los migrantes.
“Está en juego la democracia”
Ningún extranjero se siente hoy a salvo en los Estados Unidos de Trump. Ni siquiera aquellos que tienen el pasaporte estadounidense.
“La Decimocuarta Enmienda deja claro que la ciudadanía no es un privilegio que puede otorgarse o quitarse según el capricho de un presidente. Es un derecho fundamental”, dijo Bilbao.
Para la activista argentina, que reside en la Florida desde 2001 y recién pudo regularizar su situación migratoria en 2019, “lo que está en juego es la base misma de la democracia. Lo que estamos viendo en este país es una estrategia deliberada para sembrar terror desde el Estado mismo y esto es una muestra más de ello”, apuntó.
El pasaporte estadounidense siempre representó una seguridad absoluta para cualquier migrante. Al menos hasta ahora. Trump quiere revocar la ciudadanía a quienes hayan mentido sobre cualquier delito previo o que hayan formalizado su estatus migratorio a través de irregularidades, como un matrimonio arreglado. Pero también planea removerle ese derecho a quienes hayan cometido delitos graves después de convertirse en ciudadano. Así, un extranjero naturalizado podría ser deportado a su país de origen.
El miedo también asedia a los beneficiarios de una “Green Card”
Pero el miedo comienza a abrazar también a los inmigrantes que hasta ahora se sentían seguros bajo el amparo de la soñada Green Card, la Tarjeta de Residente Permanente que permite a un extranjero vivir y trabajar legal y permanentemente en EE.UU. Este documento es emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió que todos los residentes permanentes están bajo riesgo de ser deportados si tienen antecedentes penales.
“La residencia permanente no es incondicional. Poseer una Green Card es un privilegio, no un derecho”, afirmó el organismo en un mensaje en X. “Si infringe las leyes, perderá su tarjeta de residencia permanente o su visa”, alertó la agencia en un segundo posteo.
Esta advertencia aumentó el temor de los residentes legales que viajan de forma periódica a sus países de origen para visitar a sus familias. “Quería ir a Cuba, pero decidí esperar”, confió a TN una mujer oriunda de La Habana que prefirió no dar su nombre por temor a verse perjudicada. Su prontuario está limpio, pero igual desconfía. Tiene miedo de que la manden de regreso a la isla.
En ese escenario, las autoridades tienen la orden de estrechar el cerco contra aquellos extranjeros residentes con antecedentes penales graves como violencia doméstica o crímenes contra menores; fraude migratorio, como un matrimonio simulado y hasta por ayudar a un inmigrante a entrar al país de manera irregular. La advertencia también recae sobre personas involucradas en tráfico de personas y en acciones terroristas.
Son muchas “Green Cards” por controlar. Solo entre 2014 y 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió más de 10 millones de documentos. En ese último año 1,1 millones de migrantes obtuvieron el estatus de residente permanente.
“La gente anda muy asustada. Incluso muchos se están regresando a sus países de origen”, dijo a TN la activista Norma Rodarte, del Colectivo Raíces Migrantes de Estados Unidos.
Su opinión es compartida por muchísimos inmigrantes. “De una manera u otra nos quieren sacar de este país. Si no es de un modo, va a ser de otro”, afirmó.