Una paciente oncológica se transformó este viernes en el primer caso de muerte por eutanasia en Uruguay, país con una ley pionera en América Latina, confirmó una fuente del Colegio Médico. El primer caso llegó un mes después de que entrara en vigor la reglamentación y el protocolo sanitario previstos en la ley, aprobada por el Parlamento el año pasado.
Medios locales informaron que se concretó el primer procedimiento en el país, solicitado por una mujer de 69 años que transitaba un cáncer en etapa terminal, lo que ratificó el rumbo de un Estado laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, sumando esta norma a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
Para Federico Preve, uno de los diputados de la izquierda gobernante que impulsó la norma, se trató de «un día simbólico muy importante para el país». El legislador afirmó ante periodistas que «esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones», posicionando a Uruguay dentro de un reducido grupo de naciones que legalizaron la muerte asistida, que incluye a España y Países Bajos.
Los requisitos de la normativa uruguaya, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, exigen que el paciente sea mayor de edad, ciudadano o residente y esté psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable, que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida.
De acuerdo con el protocolo, es el paciente quien debe solicitar el procedimiento a un médico, que tiene hasta tres días para expedirse, requiriendo luego la opinión de un segundo profesional. Si ambos entienden que se cumplen los requisitos, el procedimiento continúa con medicamentos especificados, y el paciente puede revertir su decisión en cualquier momento sin dar explicaciones.
Desde la organización civil Empatía expresaron que seguirán atentos a que se cumplan los procedimientos sin demoras, mientras que Florencia Salgueiro destacó que el primer caso refleja «que la ley por la que tanto trabajamos finalmente se convierte en herramienta para que las personas puedan acceder a una muerte digna». La aplicación de la normativa, en tanto, fue fuertemente cuestionada por la Iglesia Católica.