La conflictividad laboral en la República Oriental del Uruguay experimentó en 2023 un aumento esperado por ser el penúltimo año de gestión presidencial, pero que fue más allá y alcanzó el máximo de las últimas dos décadas, según el índice que elabora la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
«En el 2023 nuestro índice de conflictividad global se posicionó en el lugar más alto de los últimos 20 años», confió a la agencia de noticias Xinhua la directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la UCU, María Eloísa González.
En este sentido, precisó que «los cinco paros generales explican este índice tan alto» y destacó que el nivel del año que concluye superó al del conflictivo 2015, marcado por la declaración de esencialidad de la enseñanza tras un paro de maestros.
De esas cinco huelgas convocadas en 2023 por la central única de trabajadores, el PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Congreso Nacional de Trabajadores), dos fueron de 24 horas de duración y las restantes parciales.
Los paros generales tuvieron en su plataforma temas «que van mucho más allá de las reivindicaciones típicas de mayores salarios o mejores condiciones de trabajo, que son las que los actores definen como la conflictividad ‘clásica laboral'», de acuerdo con la UCU.
Los de 24 horas reclamaron en marzo por el Día Internacional de la Mujer, y en abril en contra de la Reforma Jubilatoria que impulsó el Gobierno, que elevó de 60 a 65 años la edad mínima para jubilarse.
La conflictividad global dio un salto del 14,43 por ciento en 2023 frente al año previo, con 118 conflictos con interrupción de actividades, por los que se perdieron 1,5 millones de jornadas laborables.
Esos paros involucraron a 1,7 millones de trabajadores, en un país de 3,4 millones de habitantes, detalló el documento «Las Relaciones Laborales en el 2023 y Perspectivas para el 2024» elaborado por el Departamento de Estudios Organizacionales.
En el orden sectorial el 48 por ciento de los conflictos está representado por la causa «reivindicaciones salariales», seguido por «condiciones de trabajo» con un 23 por ciento.
González explicó a Xinhua que en «el penúltimo año de Gobierno la conflictividad suele aumentar» más allá del color de la administración de turno porque se zanja la última discusión de la negociación colectiva y la Rendición de Cuentas del Estado.
«Desde 2022 veníamos con el índice en ascenso», lo cual también responde a que en los primeros dos años de gestión del presidente Luis Lacalle Pou la conflictividad «fue muy baja» por la pandemia y la emergencia sanitaria, agregó la investigadora.
El informe resalta que “en comparación a un período más extenso”, se logra constatar que el 2023 se posiciona en el cuarto lugar si se observan los promedios anuales globales desde 1995″.
Y concluye que «siendo el 2024 un año electoral que además de desviar energías en las diferentes campañas, deja poco margen para otras acciones, se estima que la conflictividad laboral se reduzca siguiendo el mismo comportamiento que los últimos años de cada gobierno».