La jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir este miércoles si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de YPF.
La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.
Es que la Argentina perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que se concretó en 2012; la demanda fue impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.
Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta este miércoles, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.
Dixit de abogado Burford y Eton Park
«A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas (como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero) y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes», sostuvo el abogado Randy Mastro, que representa a Burford y Eton Park.
La respuesta argentina fue inmediata: el abogado defensor, Robert Giuffra, aseguró que «los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente».
Por ese motivo, dijo que cualquier acción sería «allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la ley y uso despilfarrador de recursos judiciales».
«Incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es ‘razonable’ que los procedimientos de embargo y ejecución comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado ‘razonables’ plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí», añadió.
Posición argentina frente a la jueza Loretta Preska
Giuffra resaltó también que la administración de Javier Milei «está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%. La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de la Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico».
Al dictar su sentencia, Preska determinó que la Argentina violó el estatuto de YPF al estatizarla parcialmente (el Estado controla el 51% de la petrolera) con lo cual perjudicó a los accionistas minoritarios.
Por otra parte, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un escrito para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de la jueza neoyorkina.