En una presentación que redefine las posibilidades sobre el cierre del debate, Alberto Lebbos solicitó formalmente el apartamiento del fiscal de Cámara, Carlos Sale, y la nulidad parcial de su alegato en lo que respecta a la situación de Sergio Kaleñuk. El pedido de la querella se fundamenta en la presunta falta de motivación lógica y legal del fiscal al desistir de la acusación, un acto que el abogado Juan Emilio Abraham Musi califica como arbitrario y lesivo para el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva.
La familia de Paulina Lebbos sostiene que el representante del Ministerio Público no cumplió con su deber de objetividad al omitir el análisis de las pruebas de cargo, lo que obliga, según el planteo, a designar un nuevo funcionario para que formule una conclusión ajustada a derecho antes de dictar sentencia.
El escrito presentado ante la Sala III, integrada por los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas, argumenta que el abandono de la pretensión punitiva contra Kaleñuk no fue el resultado de un análisis exhaustivo del debate, sino una decisión que carece de la fundamentación específica exigida por la normativa procesal bajo pena de nulidad.
Para Lebbos y su abogado, el fiscal incurrió en una «omisión absoluta» de los elementos probatorios que vinculan al imputado con el itinerario final de la víctima, convirtiendo su retiro de la acusación en un acto «antojadizo y caprichoso» que ignora incluso mandatos judiciales de sentencias previas. En este sentido, Abraham Musi sostiene que «no resulta lógico pensar que, con su sola decisión, el fiscal pueda, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso… y convertirse, de esta manera, en juez y parte».
Este planteo surge tras una jornada de alegatos donde la Fiscalía solicitó prisión perpetua para César Soto por homicidio agravado, pero decidió exculpar a Kaleñuk alegando orfandad probatoria. Sin embargo, para Alberto Lebbos, el Ministerio Público Fiscal ha incurrido en un «oscurantismo procesal» que le impidió ser informado debidamente sobre el avance de las actuaciones y constituirse como querellante de manera oportuna. El escrito resalta que el fiscal de Cámara no logró justificar técnicamente por qué la «semi plena prueba» que habilitó la elevación a juicio perdió su aptitud durante las audiencias, lo que fundamenta la solicitud de que un nuevo fiscal realice un control de legalidad estricto sobre el cierre del proceso.
La presentación judicial detalla que la responsabilidad de Sergio Kaleñuk no surge únicamente de este debate, sino que encuentra un antecedente jurídico en sentencias anteriores que ordenaron investigar su participación directa en el homicidio. Según la querella, el imputado fue «motor y timón de una red de encubrimiento que se mantiene hasta el día de hoy», sustentada en registros telefónicos que lo ubican geográficamente en sincronía con los movimientos del celular de Paulina la mañana de su desaparición. Específicamente, el documento menciona que «a las 10:25, el teléfono celular de Paulina Lebbos realizó una consulta de saldo desde esa misma ubicación exacta» donde se encontraba la línea de Kaleñuk.
Al mismo tiempo, Alberto Lebbos vinculó este pedido de nulidad a la «parálisis sistemática» de otras 24 causas conexas derivadas del expediente principal, denunciando que este hermetismo informativo ha impedido identificar a los responsables de la manipulación de pruebas biológicas. Para ellos, el retiro de la acusación constituye un «acto de gobierno irrazonable» que vulnera la obligación constitucional de fundamentar debidamente los requerimientos de los acusadores. El escrito es taxativo al afirmar que «el desistimiento de la acusación resulta insubsanablemente nulo por carecer de una motivación lógica, fáctica y legal». En términos de perspectiva de género, el planteo subraya que los crímenes contra las mujeres requieren una «debida diligencia reforzada», lo que implica un plus de esfuerzo por parte del Estado para garantizar el acceso a la justicia y la sanción de los culpables.
Lebbos argumenta que la ausencia de su participación previa no fue una omisión fortuita, sino una deficiencia estatal que debe ser reparada permitiéndole ahora la «acusación privada». El documento invoca reglas internacionales, como las de Brasilia, para exigir que su opinión sea tenida en cuenta antes de una decisión que afecte definitivamente el proceso. Por otro lado, señalaron irregularidades en el orden procesal del debate, como el hecho de haber otorgado la oportunidad de las «últimas palabras» antes de la producción de los alegatos, privando a la familia de manifestarse sobre el abandono de la carga acusatoria. También se cuestionó la participación activa del Tribunal en el interrogatorio de testigos vinculados a Kaleñuk, advirtiendo sobre una posible afectación al principio de imparcialidad objetiva. Todos estos puntos convergen en la necesidad de apartar al fiscal Sale para asegurar la vigencia del sistema acusatorio.
La causa Lebbos, que ya transita por su vigésimo año, ha estado marcada desde su inicio en 2006 por un encubrimiento institucional que involucró a la cúpula policial y política de la provincia. Este juicio actual busca cerrar el capítulo de la autoría material, centrándose en César Soto como presunto ejecutor y en Sergio Kaleñuk por su rol en la trama posterior. La querella sostiene que «en los crímenes de género no hay ni habrá una prueba directa», por lo que se debe fallar basándose en indicios graves, precisos y concordantes que, a su criterio, apuntan claramente hacia el imputado Kaleñuk. Con el pedido de designar un nuevo representante fiscal en un plazo de 24 horas, Alberto Lebbos intenta que se produzca un alegato que cumpla con los estándares de motivación técnica exigidos por la ley provincial 8933. El objetivo es que la sentencia final no sea el resultado de una decisión fiscal aislada, sino de una valoración integral de todas las pruebas que el fiscal Sale, según la querella, decidió ignorar de manera arbitraria. El escrito advierte que «la impunidad envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada», lo que obliga a los jueces a extremar los controles sobre la actuación del Ministerio Público.
Finalmente, el planteo jurídico busca que el Tribunal no quede condicionado por la postura del Ministerio Público y garantice el derecho de la víctima a ser oída de forma eficaz antes del veredicto. Con la reserva de acudir a tribunales internacionales, la familia de Paulina Lebbos ha dejado sentado que agotará todas las instancias para evitar que el cierre del proceso consolide lo que califican como una «maquinaria de impunidad». La decisión ahora reside en los jueces Fradejas, Romagnoli y Morales Lezica, quienes deberán definir si hacen lugar a la nulidad y al apartamiento antes de dictar una sentencia mañana, sobre la que hay muchísimas expectativas.
Fuente: La Gaceta