Una pericia inédita en materia de análisis de audio modificó de manera sustancial el rumbo de una investigación judicial en Tucumán y colocó a Facundo Ale (28) en el centro de la acusación, luego de haber sido considerado inicialmente víctima en un violento enfrentamiento ocurrido el 21 de septiembre en un salón de fiestas.
El episodio, que en un principio se vinculó a una disputa por el control de la barra de San Martín, derivó en una causa con múltiples aristas, incluyendo presuntos vínculos con el narcotráfico.
La investigación fue impulsada por el fiscal Mariano Fernández, quien identificó a los integrantes de dos facciones enfrentadas y ordenó detenciones que incluyeron a Javier “Chuky” Casanova, el propio Ale —quien se entregó en un procedimiento coordinado por su padre, Ángel Ale, luego de que el Gobierno ofreciera una recompensa—, Jorge Alejandro Anaya González, que resultó herido de bala en una pierna durante el tiroteo, y Juan Nicolás Vargas.
En sus primeras declaraciones, Ale sostuvo que había acudido al lugar para buscar a unos amigos y que fue atacado por el grupo rival, por lo que afirmó haber actuado en defensa propia. Sin embargo, no entregó ni el arma ni el vehículo en el que se movilizaba. Por su parte, Casanova negó haber estado presente y su defensor, Leandro Herrera, denunció que se trataba de una causa armada. En tanto, Anaya González y Vargas señalaron que Ale fue el único que efectuó disparos, mientras ellos se ocultaban.
Con el avance de la pesquisa, comenzaron a surgir indicios que conectaban el caso con actividades vinculadas al narcotráfico. El vehículo utilizado por Ale estuvo involucrado en un accidente en el que murió Mario Pasarín, condenado por ese delito. Días después, a Anaya González —ya bajo arresto domiciliario— le secuestraron cinco kilos de marihuana en su vivienda. Además, “El Mono” Ale admitió haber colocado una bandera en la cancha de San Martín para denunciar a Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos por presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
A partir de esos elementos, el fiscal reorientó la hipótesis del caso. Dispuso el sobreseimiento de Casanova, luego de que dos testigos de identidad reservada que lo incriminaban no fueran localizados para ratificar sus dichos en sede judicial, y centró la investigación en Ale, al considerar que habría concurrido al evento tras enterarse de la presencia de sus adversarios y habría iniciado el ataque.
La prueba clave surgió de un análisis técnico solicitado a un especialista en sonido de la Universidad Nacional de Tucumán, quien examinó el video del enfrentamiento. El informe concluyó que Ale habría sido quien comenzó a disparar y que posiblemente utilizó una pistola calibre 9 milímetros.
Con esos resultados, el fiscal imputó a Ale por portación de arma de guerra en concurso ideal con abuso de arma, en perjuicio de la administración pública y de Anaya González y Vargas, quienes a su vez enfrentan cargos por portación de arma.
Fuentes judiciales indicaron que resta una última pericia para elevar el expediente a juicio. En caso de ser hallado culpable, Ale enfrentaría una condena de cumplimiento efectivo, dado que el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una pena en su contra por un ataque a balazos contra la vivienda de una referente del clan Los Gardelitos. Sus defensores, Agustín Monteros y Ricardo Fanlo, evitaron realizar declaraciones. En una audiencia prevista para este martes, el fiscal solicitará la prórroga de la prisión preventiva, actualmente bajo modalidad domiciliaria.
El expediente tuvo derivaciones adicionales. Tanto Casanova como “Petiso David” Lobos —históricamente señalados por supuestos vínculos narco— fueron procesados por la Justicia Federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras secuestros realizados en allanamientos vinculados a esta causa.
Las defensas cuestionaron la legalidad de esos procedimientos. Herrera afirmó que en el caso de Casanova se hallaron casi 100 dosis de cocaína en un allanamiento basado en un testigo que nunca compareció, y remarcó que la investigación fue realizada por efectivos bajo las órdenes de los comisarios Gustavo Beltrán y Colario Juárez, posteriormente condenados por corrupción. En la misma línea, familiares de Lobos sostuvieron que la marihuana secuestrada en su domicilio provenía de otro operativo policial realizado en Trancas.
El abogado Augusto Avellaneda, representante de Lobos —quien también enfrenta una causa por lavado de activos—, respaldó esos planteos, mientras que Herrera advirtió sobre la gravedad institucional del caso: “Cualquier ciudadano que piense distinto o no sea del agrado de alguien puede terminar preso”, sostuvo.
La causa, atravesada por disputas internas, denuncias cruzadas y presuntas conexiones con el narcotráfico, avanza hacia una definición judicial que podría marcar un precedente en la utilización de pericias técnicas para esclarecer hechos de violencia complejos.
Fuente: Contexto