Alberto Fernández entra en el último año de su presidencia con intenciones de ir por la reelección, con el Frente de Todos en proceso de reordenamiento electoral y con el Gobierno atravesado por una nueva sangría de funcionarios. En la Casa Rosada afirman que el jefe de Estado no se tomará vacaciones en enero y reforzará las visitas a las provincias, mientras busca recomponer la relación con los gobernadores oficialistas.
El mandatario también prepara el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, donde las tensiones entre el oficialismo y la oposición complican las chances de realizar cualquier sesión y tratar hasta los proyectos de consenso. La última convocatoria presidencial (en febrero del 2022) terminó en fracaso y este año podría suceder lo mismo.
Alberto Fernández pasará el fin de año en la Quinta de Olivos, en lugar de lar residencia presidencial de vacaciones de Chapadmalal como en veranos previos. Viajará el domingo a Brasil, para la asunción de Luiz Inácio “Lula” da Silva. Ya había viajado en octubre, luego del triunfo el líder del Partido de los Trabajadores en el balotaje sobre Jair Bolsonaro.
El viaje será breve: volvería a la Argentina en el mismo día. La semana que viene tiene previsto un acto de entrega de viviendas en Misiones y otro con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en Mar del Plata, en plena temporada veraniega. En las próximas semanas continuará con una agenda de inauguraciones de obras en otras provincias.
Los gobernadores peronistas concentran sus esfuerzos en retener sus propios territorios. La mayoría de los mandatarios decidieron que las elecciones locales en sus provincias sean en una fecha distinta a los comicios nacionales, y en los últimos meses dieron claras señales de alejamiento de la gestión nacional y del propio Presidente.
La circunstancia y la necesidad volvió a acercarlos. Aunque las tensiones internas están lejos de desaparecer, Alberto Fernández decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema -o al menos no en los términos que impuso el máximo tribunal- que ordenó restituirle a la Ciudad de Buenos Aires parte de los recursos de la coparticipación. La pelea judicial por los fondos continuará en febrero, pero la guerra del oficialismo con la Corte seguirá día a día.