«Llegamos a una situación muy grave», reconoció el presidente brasileño, Lula da Silva. Se refirió al aumento de la violencia que se evidenció este último año en ese país. Es por eso que tomó un recurso extremo que hace apenas una semana había descartado: el uso de las fuerzas armadas como complemento de la policía.
Lula firmó la orden que permite esta participación de las FF.AA. en la lucha contra el crimen organizado en los estados de Río de Janeiro y San Pablo, en principio hasta mayo del próximo año
Las Fuerzas Armadas, en lugares específicos
El tema se debate en el Gobierno y en los medios desde hace un tiempo. El presidente Lula, hace apenas una semana, había dicho claramente que no quería que los militares se vieran envueltos en combates contra los narcos, por ejemplo, en medio de las favelas.
Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás y en su anuncio de las últimas horas reconoció que «la violencia se agrava cada día», para dar luz verde a la actuación de militares junto a las policías de ambos estados. De todos modos, aclaró que su radio de acción estará acotado: no estarán a la par de la policía en las ciudades y, mucho menos, en las grandes favelas de Río y San Pablo.
El decreto presidencial habla de la Marina para vigilar los puertos de Río, San Pablo e Itagüí, mientras que la Fuerza Aérea y el Ejército se complementaran con la policía en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo) y el Galeão (Río de Janeiro).
Cronograma de integración
A partir de la firma de este decreto se movilizará a 3.700 militares como apoyo de la policía. Es por eso que los ministerios de Justicia, Seguridad y Defensa tienen que elaborar un plan estratégico para demarcar las atribuciones de cada elemento uniformado.
Lula utilizó apenas 54 segundos para transmitir su mensaje, pero delineó el objetivo principal de la medida que se negaba a tomar hasta la semana pasada: «El gobierno Federal y los estados trabajarán juntos para liberar al Brasil del crimen organizado y de las cuadrillas de tráfico de drogas y del tráfico de armas».
La medida deja afuera la actuación en las ciudades, pero el comité interministerial irá evaluando el desarrollo del plan. Esta primera etapa tendrá una duración de 6 meses, aunque Lula anticipó que puede ser prorrogado.