En medio de un escenario sanitario global delicado, con un brote de hantavirus y alertas internacionales por el ébola, el gobierno de Javier Milei llega a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidido a impulsar la salida del país del organismo, en línea con la postura de la Casa Blanca.
Este lunes comienza la Asamblea en Ginebra y uno de los puntos centrales será la votación sobre el egreso de la Argentina, formalizado en marzo por el Ejecutivo. Sin embargo, la medida enfrenta serios cuestionamientos legales, el país ingresó a la Organización Mundial de la Salud en 1948 mediante la ley 13.211 y, por lo tanto, especialistas sostienen que sólo el Congreso puede definir una eventual salida.
Según informó el periodista Raúl Kollmann, la decisión carece de sustento sanitario y responde más a un alineamiento político con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese marco, reveló la existencia de un cable secreto de la Cancillería, Dicol 01007/2026, en el que se instruye a embajadores a gestionar apoyo internacional para la retirada y a solicitar «comprensión» a otros países.
Una salida sin antecedentes claros
El caso argentino presenta características inéditas dentro de la OMS, ya que el organismo no contempla en sus estatutos un mecanismo de salida para los países miembros, salvo la excepción de Estados Unidos, que dejó asentado ese derecho al momento de su ingreso. Ante ese vacío, el Comité Ejecutivo trasladó la definición a la Asamblea General.
A esto se suma otro punto sensible, el país no estaría al día con sus aportes, condición necesaria incluso para formalizar pedidos ante el organismo. En paralelo, dentro de la Cancillería se modificó un dictamen legal que inicialmente establecía que sólo el Congreso podía autorizar la salida. Kollmann subraya la fragilidad jurídica de la medida, ya que «no se puede derogar una ley sin otra ley», lo que vuelve endeble la decisión en términos institucionales.
La posición oficial será defendida por el embajador Carlos Fornadori, mientras que en oposición expondrá la doctora María Fernanda Boriotti, en representación de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), una de las pocas organizaciones habilitadas para participar.
Según explicó el dirigente Jorge Yabkowski, la entidad llevará un documento firmado por 3.000 médicos que advierte sobre las consecuencias del retiro, desde la pérdida de cooperación internacional y el menor acceso a información epidemiológica, hasta la exclusión de los espacios donde se definen políticas sanitarias globales.
El trasfondo diplomático
Otro de los ejes señalados tiene que ver con la estrategia diplomática desplegada por el gobierno libertarioa. El cable confidencial enviado a las embajadas incluye lineamientos para justificar la decisión sin cuestionar abiertamente la política sanitaria nacional, además de modelos de notas de disculpas en tres idiomas.
Las declaraciones del propio Fornadori en Ginebra tampoco ayudaron a descomprimir el clima. Al definir a la Argentina como un «país occidental civilizado», generó malestar en delegaciones de países no occidentales.
En este contexto, el brote de hantavirus en el MV Hondius profundizó las críticas. La respuesta oficial fue considerada tardía y obligó a la intervención de otros y de la propia OMS, que solicitó colaboración a España para asistir a los pasajeros.
El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre los riesgos de este tipo de decisiones: «A los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras. Cualquier espacio que no se cubra beneficia al virus».
Aunque se espera que la Asamblea avance con la votación, no hay consenso pleno entre los países miembros. Estados como Australia, Costa Rica, Zimbabue y China ya expresaron dudas sobre la legalidad y conveniencia del retiro argentino. El proceso está lejos de cerrarse, la decisión abre más interrogantes que certezas, tanto en el plano sanitario como en el institucional.