El Gobierno nacional avanzó en una profunda reducción de subsidios a la energía que ya dejó fuera del esquema de asistencia a 1,6 millones de hogares en electricidad y a casi 900.000 en gas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en el marco de una política orientada a achicar el gasto público y redefinir el sistema energético.
Según datos oficiales difundidos por el Ente Nacional Regulador del Gas, el ajuste permitió recortar más de U$S 5600 millones en subsidios en los últimos dos años y medio. En términos del Producto Bruto Interno, el gasto pasó de aproximadamente 1,4% a cerca del 0,6%, con la meta oficial de llevarlo al 0,5% en 2026.
El nuevo esquema implicó un incremento significativo en la cantidad de usuarios que pagan la tarifa plena. En la actualidad, casi la mitad de los hogares abona el costo total de la energía, dependiendo del servicio.
En el caso de la electricidad, la cantidad de beneficiarios descendió de 10,8 millones a 8,73 millones, mientras que en gas se redujo de 5,64 millones a 4,78 millones.
La transformación se consolidó con la implementación del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el esquema de segmentación por ingresos vigente desde 2022.
Parte del recorte se explica también por una depuración de los registros realizada por la Secretaría de Energía, que detectó más de 15.000 hogares en barrios cerrados que recibían subsidios, unos 370.000 usuarios fallecidos aún incluidos en los padrones y cerca de 1,59 millones de hogares que cumplían los requisitos pero no habían solicitado el beneficio.
Además, se eliminaron los subsidios destinados a comercios e industrias.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo central es evitar que sectores de altos ingresos continúen recibiendo asistencia estatal y redirigir los recursos hacia los sectores más vulnerables.
El reordenamiento tuvo un impacto directo en las tarifas. En electricidad, una factura promedio pasó de $ 21.069 con subsidio a $ 46.488 sin asistencia, mientras que en gas el costo se incrementó de $ 33.987 a $ 39.309. Estas subas convirtieron a los servicios energéticos en uno de los principales factores de presión inflacionaria en 2026, con aumentos cercanos al 20% durante el primer trimestre.
No obstante, el ajuste también derivó en una mejora en los niveles de cobrabilidad, que pasaron de aproximadamente el 48% a cerca del 97%, reduciendo de manera significativa la morosidad en el sistema.
El cambio marca un giro estructural en la política energética, con menor peso de los subsidios generalizados y una mayor carga sobre los usuarios. En paralelo, la expansión de la producción local impulsada por Vaca Muerta contribuyó a moderar algunos costos estructurales del sector.
Especialistas coinciden en que la medida excede un simple recorte y configura un cambio de régimen. El desafío, advierten, será sostener este esquema sin profundizar el impacto sobre el poder adquisitivo de los hogares.