
El especialista en energía Miguel Paz analizó el costo de la electricidad en Tucumán y cuestionó distintos componentes de la tarifa. Aseguró que los usuarios terminan absorbiendo costos vinculados con la ineficiencia y la falta de inversiones, y planteó revisar cada ítem de la factura.
Cuánto cuesta el kilovatio y qué se paga en la factura
Durante una entrevista, Miguel Paz, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó que el precio de la energía tiene distintos componentes y que el valor que fija la Secretaría de Energía de la Nación luego es trasladado al esquema tarifario provincial a través del ente regulador.
Según los valores mencionados durante la entrevista, el kilovatio en Tucumán se ubica actualmente en torno a los $171, mientras que en octubre llegaría a $176 y en noviembre a $180. Paz cuestionó además que determinados costos derivados de la prestación del servicio terminen trasladándose a los usuarios.
El especialista puso como ejemplo la generación aislada en zonas que no están conectadas al sistema eléctrico nacional. Señaló que localidades como Amaicha del Valle dependen de grupos electrógenos alimentados con combustible y sostuvo que los costos de ese esquema terminan distribuyéndose entre los usuarios de toda la provincia.
El reclamo por la información y los impuestos de la boleta
Paz también cuestionó la forma en que se desarrollan las discusiones tarifarias. Según explicó, los expedientes de las revisiones tarifarias contienen una gran cantidad de documentación técnica que, a su entender, dificulta la participación efectiva de los usuarios. Por eso planteó la necesidad de realizar instancias preparatorias que permitan comprender la información antes de las audiencias o consultas públicas.
Otro de los puntos analizados fue la composición de la factura de luz. El especialista sostuvo que sobre los componentes básicos del servicio se calculan distintos impuestos, tasas y cargos, entre ellos el IVA, la tasa de inspección y control y conceptos vinculados al alumbrado público.
Además, mencionó la denominada tasa de interés social, cuya recaudación, según explicó, estaría destinada a sostener el servicio eléctrico para familias que viven en zonas rurales y dispersas sin conexión a la red. Paz señaló que existen alrededor de 2.000 a 2.500 familias en esa situación y anticipó que buscará solicitar información oficial sobre el destino de esos fondos.
El especialista propuso avanzar en un análisis detallado de la factura para que los usuarios puedan conocer qué pagan, a quién se destina cada concepto y cómo se determina el valor final. En ese sentido, planteó continuar con un trabajo educativo para desarmar la boleta “ítem por ítem” y facilitar su comprensión.
