Una comisión del Congreso de Brasil aprobó este miércoles por 20 votos contra 11 solicitar a la fiscalía general el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por su rol en el intento de golpe de Estado del 8 de enero para derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Además de Bolsonaro están acusadas otras 60 personas, entre ellas ocho generales retirados, un almirante y empresarios del agronegocio, por haber organizado, financiado y planificado el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
Hace cinco meses empezó a funcionar la Comisión Parlamentaria mixta de Investigación (CPI) que este miércoles aprobó el informe de la senadora Eliziane Gama, que fue creado a partir de testimonios, quiebras de secretos bancarios y telefónicos y documentación oficial para abordar el asalto a la sede de los poderes en Brasilia perpetrado por miles de partidarios de Jair Bolsonaro que reclamaban la intervención del Ejército por considerar que hubo fraude en las elecciones.
«El 8 de enero es obra de lo que llamamos bolsonarismo. No fue un movimiento espontáneo ni desorganizado; fue una movilización idealizada, planificada y preparada de antemano. Los ejecutores fueron inspirados y organizados por instigadores que definieron fechas, ruta y estrategia de manera coordinada para afrontar y ocupar espacios», afirmó la senadora Gama, del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD).
Los aliados de Bolsonaro, en respuesta, acusaron a la Comisión de haber omitido supuestas responsabilidades del gobierno de Lula que había asumido una semana antes en la prevención del asalto al Palacio del Planalto, el Congreso, y el Supremo Tribunal Federal. Esta posición fue derrotada incluso con el voto de la derecha opositora moderada.
El caso le pone presión a la situación de Jair Bolsonaro, quien ha negado tener vinculación con el intento de golpe de Estado.
El informe de la comisión pide el procesamiento de Bolsonaro por cuatro delitos como asociación ilícita, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, que podrían conllevar, en caso de que se acepte la denuncia y se lo juzgue, 29 años de prisión.
Bolsonaro, que esta semana hizo campaña en las redes sociales a favor de la elección del candidato Javier Milei en las presidenciales argentinas del domingo, está siendo investigado en siete causas y fue inhabilitado para participar de elecciones hasta 2030 por parte de la justicia electoral, que lo condenó tras denunciar falsamente ante embajadores extranjeros un supuesto complot en su contra con el uso de las urnas electrónicas cuando era presidente.
El informe será entregado a la fiscalía general de la República y luego repasado al procurador adjunto encargado de la investigación sobre el intento de golpe del 8 de enero, Carlos Frederico Santos.
«Si los documentos así lo indican, nos ocuparemos de las acusaciones», dijo el fiscal adjunto.
Entre los incluidos en la lista de 61 personas se encuentran los exjefes del Ejército y la Marina en el último año de Bolsonaro, acusados de haber participado de conversaciones sobre un supuesto golpe de Estado en Brasil.
El almirante Almir Garnier, último jefe de la Marina de Bolsonaro, está siendo investigado por haber sido el único que le dijo al mandatario en una reunión del alto comando militar que estaba dispuesto a llevar adelante un golpe para desconocer las elecciones de octubre.
También están en la lista tres empresarios sojeros de la sociedad rural del estado de Goiás acusados de financiar bloqueos de rutas con camiones transportadores de granos y de pagar a manifestantes para ir frente a los cuarteles a pedir al Ejército intervenir para gobernar Brasil.