La titular del PRO Patricia Bullrich se alineó al fuerte repudio de la oposición contra la cumbre de la CELAC que se realizará en Buenos Aires el 24 de enero. La misma reunirá a varios líderes de la región, entre ellos el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que fue el blanco más apuntado.
“Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”, señaló sin filtro la precandidata a presidente en su cuenta de Twitter.
En la misma sintonía, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó ayer una denuncia ante la justicia federal no sólo contra Maduro; sino también dirigida al mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel; y Nicaragua, Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.
Argumentaron que siete millones de venezolanos han tenido que abandonar su país desde que irrumpió la dictadura chavista; y que muchos de ellos han sido presos políticos y han sufrido vejaciones y torturas.
“Fader quiere expresar su profunda preocupación por la invitación que el Presidente Alberto Fernández hiciera a estos tres dictadores, afirmando que es una provocación para toda la sociedad argentina que respeta, valora y desea vivir en democracia”, indicaron en una parte del comunicado.
Encabezados por el secretario de Asuntos Políticos porteño, Waldo Wolff, la iniciativa fue firmada entre otros, por los diputados nacionales Karina Banfi, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet; el senador Alfredo Cornejo; el constitucionalista Daniel Sabsay; el filósofo Santiago Kovadloff; y la dirigente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.
También suscribieron la activista de la oposición venezolana Elisa Trotta; el ex canciller Jorge Faurie; el ex embajador Diego Guelar, la ex secretaria de Relaciones Parlamentarias Paula Bertol; y los periodistas Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann; entre otros.
También advirtieron que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en Nicaragua han sido asesinados más de 600 ciudadanos en los últimos meses, y la mitad de las organizaciones sociales que brindan asistencia en los barrios fueron clausuradas”.
Según aseguraron, las violaciones relatadas “podrían constituir graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.