La intendenta Rossana Chahla elevó al Concejo Deliberante un paquete de proyectos de interés municipal para su revisión. Los ediles de la Capital deben analizar los escritos que plantean reformas a nivel administrativo, sanitario-ambiental y educativo, como conceder licencias sin goce de haberes al personal que fuera designado para desempeñar cargos de mayor jerarquía y modificar una ordenanza que se refiere a la dinámica de retiro de vehículos secuestrados por infracciones. También se pretende prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios.
Lo propuesto por la jefa municipal está expuesto en 10 documentos. Uno de ellos determina que “a partir de los 60 días corridos desde la promulgación de la presente ordenanza, se prohíbe a los hipermercados, supermercados, quioscos, almacenes, comercios de ventas de bebidas y alimentos y comercios en general a ofrecer al público, para expendio o embalaje, bolsas plásticas”.
Cuidado ambiental
Esto deberá ser respaldado en cada local: deberán colocar carteles visibles que indiquen el contenido de la ordenanza. El incumplimiento de lo dispuesto podría generar una sanción pecuniaria para el comercio infractor. “El objetivo es reducir la utilización de bolsas plásticas para fomentar la utilización de material alternativo, reciclable y reutilizable”, sostiene el escrito.
A su vez, el Departamento Ejecutivo municipal presentó un proyecto para que todo propietario, inquilino de vivienda o inmueble en la jurisdicción del municipio deba cumplir con la planificación de acciones para combatir el dengue; controlar o eliminar recipientes en los que pueda almacenarse agua, manejar los residuos sólidos urbanos conforme a las normas y recomendaciones municipales y proceder al drenaje de aguas estancadas, entre otros temas.
En tanto, el documento indica que “los inmuebles donde no se encuentren personas responsables que permitan el ingreso de los inspectores sanitarios municipales para llevar a cabo las tareas de prevención o eliminación de criaderos serán declarados ‘lugares de riesgo sanitario’ y serán susceptibles de un apercibimiento por parte de la autoridad”. De abstenerse, la Municipalidad impondrá una norma equivalente a 100 litros de nafta súper por cada 100 metros cuadrados de terreno o fracción mayor de 50 metros cuadrados. Actualmente el valor del combustible por litro es de $930.
Pago total por secuestro
En cuanto a cuestiones de tránsito, Chahla propone la modificación de un artículo de la Ordenanza 758/82, sobre el Código de Faltas Municipal, que establece que “los vehículos secuestrados se devolverán al titular del dominio después de la comparecencia ante el Tribunal, del responsable y/o apoderado de la falta y del pago total de la multa impuesta”.
En cambio, la nueva disposición considera que los elementos confiscados sean restituidos una vez que el contribuyente abone la totalidad de las multas de tránsito que pudiera tener pendientes de cancelación, no sólo la que llevó al secuestro del vehículo.
También se plantea la creación de un sistema de constatación digital de infracciones de tránsito para “mejorar la seguridad vial, promover el respeto a las normas de tránsito, modernizar y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en materia de tráfico y transporte”.
Por mayor inclusión
La intendenta de San Miguel de Tucumán también busca que se modifique la ordenanza N° 895, del Estatuto para el Personal Municipal, de modo que el agente pueda acceder a un cargo de mayor jerarquía sin que sea desplazado de su puesto de trabajo. De esta manera, el funcionario gozará del derecho a licencia sin goce de haberes, con reserva del puesto, durante el tiempo que desempeñe estas funciones.
“El empleado público a nivel nacional y provincial goza de estabilidad laboral; y el agente municipal posee idéntico derecho con las condiciones establecidas. En tal sentido, tiene derecho a la carrera administrativa y se le reconoce al trabajador la posibilidad de crecimiento en el desempeño de las tareas”, expone el escrito.
En otro aspecto, el Municipio solicita la adhesión a la Ley Provincial de derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades auditivas. Así, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán contar con al menos una persona capacitada en lenguaje de señas en sus dependencias.
También se prevé la modificación de la Ordenanza N° 3.269/02 por la regulación de licencias para el personal dependiente de la Municipalidad en los casos de atención a hijos y cónyuges con discapacidad. “La ordenanza fue sancionada en 2002, por lo que la misma quedó desactualizada a la luz de la Ley N° 9.254 y a los conceptos y ampliación de derechos reconocidos en el nuevo Código Civil y Comercial Común”, plantea.
Robótica en las escuelas
Otro proyecto que deberán debatir los 18 concejales para analizar su posterior aprobación en el recinto es el de la creación de un programa educativo en el que se incluyan conocimientos de programación y robótica en las escuelas primarias y secundarias municipales. “La sociedad contemporánea demanda habilidades específicas, entre las cuales las ciencias de la computación ocupan un lugar central. Necesitamos transformar la educación en una fuente de crecimiento para construir una estructura social más justa”, defiende el documento presentado por Chahla.
Por último, se manifiesta la declaración de interés municipal el 2 de abril, por la concientización sobre la condición del espectro autista, y el 29 de abril, en conmemoración al fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín, fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales N° 2.786.