En medio de las tensiones entre el Gobierno y los movimientos sociales por la distribución de alimentos en los comedores, el funcionario de la Secretaría de Niñez y Familia a cargo de esta tarea ha dimitido. Se trata de Pablo Rodrigué, quien anteriormente había trabajado en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y aún no había sido oficialmente designado en esta administración. Su partida ha tenido un impacto en el equipo dirigido por Pablo de la Torre, que opera bajo la supervisión de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
«Él no pudo asegurar la llegada de ninguna entrega», explicó una fuente familiarizada con el funcionamiento interno de la secretaría. Rodrigué, un exfuncionario del gobierno anterior en la provincia, había estado a cargo de la Autoridad del Agua (ADA) y estaba bajo la dirección de Rodrigo Aybar, otro funcionario de Niñez y Familia. Hasta la semana pasada, Rodrigué estaba desempeñando sus funciones en la subsecretaría de Políticas Sociales, desde donde se coordinaba la distribución de alimentos.
Rodrigué no es el único que se va. Agustín Sánchez Orondo, quien actuaba informalmente como director administrativo, también se ha alejado de sus responsabilidades en medio de una semana marcada por críticas externas que continúan afectando la estructura de la secretaría. Por ejemplo, militantes del Movimiento Popular La Dignidad, un grupo social afiliado a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), llevaron a cabo protestas frente a supermercados exigiendo alimentos.
«Aunque él no tuvo éxito, su equipo sigue aquí», señaló otra fuente a La Nación. «Rodrigué era un funcionario de rango menor», comentaron voceros de la secretaría. Además, la fuente oficial negó que Rodrigué desempeñara un papel destacado en la estructura del organismo.
Estas salidas no son exactamente renuncias, sino más bien alejamientos. La Secretaría de Niñez ha estado rodeada de rumores de cambios desde el inicio de esta gestión, y su estructura es tan inestable como flexible. La falta de designaciones oficiales para muchos funcionarios, como era el caso de Rodrigué, el flujo constante de «colaboradores», los cambios en los interlocutores con las organizaciones sociales y los rumores de tensiones internas entre Pettovello y De la Torre, aunque negados por fuentes oficiales, son características que marcan el ritmo de esta secretaría, la cual debe hacer frente a las demandas relacionadas con la crisis alimentaria.
Los comedores sociales están enfrentando dificultades debido a la falta de asistencia por parte del gobierno nacional desde finales del año pasado, como parte de las medidas de ajuste ordenadas por el presidente Javier Milei. Esto ha provocado numerosas protestas tanto en supermercados como en las oficinas de Pettovello, y ha motivado la intervención de la Iglesia y de fuerzas políticas de oposición.
La Iglesia, en más de una ocasión, y la Coalición Cívica, por ejemplo, han expresado su preocupación por la situación alimentaria y han pedido acciones concretas para abordarla. Todas las miradas están puestas en el ministerio dirigido por Pettovello, quien ha sido denunciada por el activista social Juan Grabois por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con su equipo: el secretario de Niñez y Familia, Pablo De La Torre; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
Además, varias organizaciones, incluida la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Infancia en Deuda, han emitido un comunicado instando a las autoridades a reanudar urgentemente la entrega de alimentos en comedores y merenderos comunitarios. Argumentan que la alimentación de millones de niños y niñas no puede esperar.
Al igual que en otros sectores del Gobierno, son pocos los funcionarios de bajo rango que pueden ascender dentro de la estructura gubernamental. «Muchos de nosotros ni siquiera conocemos a Pettovello», admitió uno de ellos. Respondiendo a estas afirmaciones, desde el Ministerio de Capital Humano desconocieron a varios de los funcionarios clave en la secretaría de De la Torre. No proporcionaron información sobre quién reemplazará a Rodrigué, pero se menciona a Federico Krajnc, otro exfuncionario bonaerense de la gestión de Vidal, como posible candidato. Krajnc también proviene de San Miguel, una de las bases políticas de la secretaría, cuyo líder político es Joaquín de la Torre, hermano de Pablo.
Auditoría y preocupaciones
Quienes están familiarizados con el proceso de distribución estatal de alimentos están preocupados no solo por el vaciamiento de los depósitos del ministerio, sino también por cualquier demora que pueda surgir si se reanuda la entrega de mercadería. «Los procedimientos administrativos están paralizados», dijo una fuente bien informada sobre el funcionamiento interno. «Después de ganar una licitación, como mínimo tienes que esperar un mes», explicó.
A pesar de las críticas y advertencias de la Iglesia y la oposición, los comedores registrados según Pettovello ya están recibiendo asistencia. Sin embargo, el resto deberá someterse a una auditoría para transparentar y ordenar los procesos, según los portavoces del ministerio. Sin embargo, muchos líderes sociales han negado esta afirmación.
El jueves, en medio de la creciente presión, Capital Humano renovó un acuerdo con Cáritas por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. Esto se debe a que, siguiendo la premisa del nuevo esquema de distribución a través de tarjetas, el ministerio está optando por la entrega directa de fondos para debilitar el poder de las organizaciones sociales.
En un segundo comunicado, la Iglesia agradeció el gesto y la confianza. Sin embargo, aclararon que no se trata de un «acuerdo exclusivo» con el Estado. Señalaron que se ha malinterpretado este compromiso como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los únicos o principales interlocutores en la ayuda a los sectores más vulnerables, pero recalcaron la importancia de integrar a todas las organizaciones que ayudan a los necesitados.
Este martes, el obispo de Quilmes y director de Cáritas, Carlos Tissera, instó al Gobierno a reconsiderar su postura. «La prioridad es la alimentación de la gente y esperamos que esto se logre a través del trabajo. Lo ideal sería que los argentinos puedan comer lo que ganan, pero con los niveles de pobreza actuales, resolver la cuestión alimentaria es el problema principal», expresó el obispo.
Además, la ministra Pettovello firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de cinco millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Desde el ministerio aseguran que estos convenios garantizarán que los procesos de compra se realicen con transparencia y rendición de cuentas, mejorando así la eficacia en la distribución de alimentos.