El juicio por la causa de los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, se reanudará este jueves con la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación del tramo conocido como ‘La Camarita’, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Se trata de la novena audiencia cuyo inicio está previsto para las 9. El desprendimiento lleva su nombre por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), donde se señala un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con empresas que, según el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.
Está previsto que en primer lugar se lea toda la prueba producida durante la investigación como documentación de organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas, que constituyen la columna vertebral de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos en la obra pública.
El material probatorio consta, entre otras cosas, de informes administrativos, órdenes de presentación, informes allanamientos, auditorías, certificaciones, peritajes tecnológicos, listados societarios, planillas de obra pública y documentos de inteligencia financiera, entre otros.
La causa
Buena parte de ese cúmulo de evidencia corresponde al relevamiento de más de 70 empresas constructoras involucradas en licitaciones viales entre 2003 y 2015. En el desglose aparecen firmas de peso del sector como Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Vialco, Panedile, Dycasa, Obring, Vialmani, Rovella, cuyas nóminas de autoridades, composición accionaria y documentación societaria fueron requeridas en múltiples provincias y registros oficiales.
A lo anterior se agrega los sumarios de la Policía Federal, que llevó adelante órdenes de presentación y allanamientos en domicilios particulares, oficinas y sedes empresarias, además de secuestros de teléfonos, computadoras cuyos contenidos fueron peritados por la División Apoyo Tecnológico Judicial.
También se suman los informes emitidos por la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, los Ministerios del Interior, Transporte, Energía y Planificación, así como material remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción.
Cómo viene
Lo anterior constituye el mapa documental del presunto esquema de recaudación ilegal que, según la acusación fiscal, articulaba a funcionarios del Ministerio de Planificación con ejecutivos del sector de la construcción.
Superada esa instancia, no se descarta que el Tribunal Oral 7 lea los descargos de los principales imputados durante las indagatorias en la instrucción de la causa. En su momento, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un escrito breve, pero enfático, en el que rechazó de plano la acusación y la caracterizó como una operación de lawfare destinada a perseguirla políticamente. Insistió en la falta de sustento probatorio y en la supuesta manipulación judicial que, según su mirada, definió todas las etapas de la causa desde 2018.
Por su parte, el exministro de Planificación Julio De Vido adoptó una línea similar en cuanto al rechazo total de las imputaciones: negó haber formado parte de una asociación ilícita y desestimó la existencia de un sistema de recaudación ilegal dentro de su cartera. Su descargo apuntó a separar su figura de las decisiones administrativas cuestionadas y a relativizar el peso de los testimonios de los arrepentidos que lo señalan como pieza clave del entramado investigado.
Finalmente, se espera que se lean los descargos del exsecretario de Obras Públicas José López; del financista Ernesto Clarens; del exadministrador general de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; de los funcionarios de Vialidad Sandro Férgola y Sergio Passacantando, así como también de los empresarios de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta.