La decimotercera y última audiencia del año en el juicio por los escritos de Oscar Centeno giro en torno no solo en la lectura del requerimiento de elevación a juicio sino por la discusión respecto a la organización de las audiencias que se retomarán en febrero, una vez finalizada la feria judicial de verano.
Previo al inicio de la lectura del requerimiento fiscal, las defensas de Cristina Kirchner y del exministro de Planificación Federal Julio De Vido le reclamaron a los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero un mayor tiempo para exponer sus planteos preliminares. El reclamo surgió luego de que el tribunal notificara el cronograma previsto para febrero, donde se fijó un límite de 45 minutos para la presentación de cada defensa para abordar.
Pese al pedido, el tribunal mantuvo el esquema establecido y ratificó que las exposiciones se realizarán bajo ese límite de tiempo, con el objetivo de ordenar el debate y avanzar en una etapa que será clave para definir nulidades, objeciones probatorias y otros planteos previos al inicio pleno del juicio oral.
Durante la audiencia, se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo “Corredores Viales”, cuya acusación alcanza a diez personas y no incluye a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusación del fiscal Carlos Stornelli sostuvo que los hechos investigados se inscriben en el marco de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015, con el objetivo de organizar un sistema de recaudación de fondos ilegales a partir del pago de coimas.
Según la imputación fiscal, la estructura delictiva habría tenido como finalidad el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la utilización de parte de esos fondos para la comisión de otros delitos.
En ese contexto, se detalló el rol atribuido a Julio De Vido, a quien se le achacan varios hechos de cohecho pasivo en calidad de coautor por la recepción de sobornos vinculados a los corredores viales 1, 2, 3 y 4 que fueron canalizados a través del entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti. Este último señalado como el funcionario encargado de exigir y recibir los pagos ilegales y se le imputan media docena de hechos de cohecho pasivo.
A lo largo de las más de 4 horas de audiencia se describió una mecánica reiterada de pagos ilegales realizados por empresas concesionarias a cambio de mantener contratos, evitar sanciones y asegurar el flujo de fondos provenientes de los fideicomisos estatales. También se le atribuyó a Uberti un papel central en el esquema, con múltiples hechos de cohecho pasivo durante su gestión al frente del organismo de control.
La acusación del fiscal Carlos Stornelli atribuyó un rol central a Julio De Vido, como ministro de Planificación Federal, a quien se le imputan múltiples hechos de cohecho pasivo Uberti, en tanto, fue señalado como el funcionario encargado de exigir y recibir los pagos ilegales, con seis hechos de cohecho pasivo imputados.
La acusación detalló además la participación de varios empresarios y directivos de empresas como Miguel Marcelino Aznar, vinculado a las concesiones de los corredores viales 3 y 6; Patricio Gerbi y Marcela Edith Sztenberg, de las firmas COARCO y EQUIMAC, concesionarias del corredor vial 1; Obdulio Ángel Barbeito, gerente general de HOMAQ, concesionaria del corredor vial 2; Juan Manuel Collazo y Juan Marcos Perona, relacionados con la concesión del corredor vial 4; y Marcelo Marcuzzi, vinculado al corredor vial 5. Según la fiscalía, los pagos se realizaban de manera periódica, en efectivo y bajo presión, con montos que variaban según el corredor y la etapa de la concesión.
Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante. La UIF sostuvo que se encuentra acreditada la existencia de una organización criminal que operó desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y desde el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante un mecanismo sistemático de recaudación de dinero ilegal.
De acuerdo con el organismo antilavado, ese esquema pudo sostenerse por la participación coordinada de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos y de empresarios que, durante años, realizaron pagos ilegales a cambio de beneficios. La UIF afirmó que la investigación permitió identificar distintos sistemas de recaudación que funcionaban en paralelo, obra pública, concesiones viales, energía y transporte, todos bajo una misma lógica de corrupción estructural.
La acusación destacó además el valor probatorio de las declaraciones de los imputados colaboradores, que permitieron reconstruir el circuito de pagos ilegales, las exigencias formuladas por funcionarios y el destino de los fondos. Según la UIF, esos pagos tenían como finalidad mantener concesiones, asegurar el reparto de recursos provenientes de fideicomisos estatales y evitar sanciones administrativas.
Por otra parte, se leyeron los descargos de los imputados. En el caso de De Vido, negó los hechos y rechazó haber integrado o coordinado una asociación ilícita desde su función pública. Otros acusados ratificaron declaraciones previas realizadas en calidad de imputados colaboradores, mientras que varios empresarios sostuvieron que actuaron bajo amenazas y extorsiones por parte de funcionarios del Estado.
Finalmente, y sin hacer mención sobre la habilitación de feria, el tribunal llamo a un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, dando por concluida la actividad del debate por este año. Para la reanudación del proceso está previsto que se aborden las cuestiones preliminares bajo el esquema de tiempo fijado por el TOF 7.