El juicio por la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, se reanudará este jueves a las 9 con la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación del tramo conocido como ‘La Camarita’, en lo que será la novena audiencia.
El desprendimiento lleva su nombre por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), donde se señala un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con empresas que, según el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.
Está previsto que en primer lugar se toda la prueba producida durante la investigación, como documentación de organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas, que constituyen la columna vertebral de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos en la obra pública.
El material probatorio consta, entre otras cosas, de informes administrativos, órdenes de presentación, informes allanamientos, auditorías, certificaciones, peritajes tecnológicos, listados societarios, planillas de obra pública y documentos de inteligencia financiera, entre otros.
Buena parte de ese cúmulo de evidencia corresponde al relevamiento de más de 70 empresas constructoras involucradas en licitaciones viales entre 2003 y 2015. En el desglose aparecen firmas de peso del sector como Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Vialco, Panedile, Dycasa, Obring, Vialmani, Rovella, cuyas nóminas de autoridades, composición accionaria y documentación societaria fueron requeridas en múltiples provincias y registros oficiales.
A lo anterior se agrega los sumarios de la Policía Federal, que llevó adelante órdenes de presentación y allanamientos en domicilios particulares, oficinas y sedes empresarias, además de secuestros de teléfonos, computadoras cuyos contenidos fueron peritados por la División Apoyo Tecnológico Judicial.
También se suman los informes emitidos por la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, los Ministerios del Interior, Transporte, Energía y Planificación, así como material remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción. Lo anterior constituye el mapa documental del presunto esquema de recaudación ilegal que, según la acusación fiscal, articulaba a funcionarios del Ministerio de Planificación con ejecutivos del sector de la construcción.
Superada esa instancia, no se descarta que el Tribunal Oral 7 lea los descargos de los principales imputados durante las indagatorias en la instrucción de la causa. En su momento, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un escrito breve, pero enfático, en el que rechazó de plano la acusación y la caracterizó como una operación de lawfare destinada a perseguirla políticamente. Insistió en la falta de sustento probatorio y en la supuesta manipulación judicial que definió todas las etapas de la causa desde 2018.
Por su parte, el exministro de Planificación Julio De Vido adoptó una línea similar en cuanto al rechazo total de las imputaciones: negó haber formado parte de una asociación ilícita y desestimó la existencia de un sistema de recaudación ilegal dentro de su cartera. Su descargo apuntó a separar su figura de las decisiones administrativas cuestionadas y a relativizar el peso de los testimonios de los arrepentidos que lo señalan como pieza clave del entramado investigado.
Finalmente, se espera que se lean los descargos del exsecretario de Obras Públicas José López; del financista Ernesto Clarens; del exadministrador general de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; de los funcionarios de Vialidad Sandro Férgola y Sergio Passacantando, así como también de los empresarios de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta.
El juicio por la causa Cuadernos apunta a modificar su modalidad y frecuencia tras la feria judicial
El juicio por los cuadernos transita por sus últimas cinco audiencias del 2025 de cara a una nueva etapa tras la feria judicial de verano, donde el Tribunal Oral Federal 7 estudia acelerar el ritmo de trabajo y avanzar hacia una presencialidad plena.
El 30 de diciembre está previsto que los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero llamen a un cuarto intermedio, en principio, hasta la primera quincena de febrero. En el medio, la lectura de las acusaciones podrían extenderse hasta el proximo jueves 18, y posteriormente seguirá la etapa de planteos preliminares.
Según el cronograma elevado por el tribunal, en febrero comenzarían las indagatorias de los imputados y que, según señalaron los jueces, serán presenciales. Aún resta por definir el espacio físico para el cual se llevara adelante esa fase del debate.
Por un lado, el tribunal le pidió a la Corte Suprema habilitar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Tribunales, el mismo escenario donde se leyó la sentencia del Juicio a las Juntas, y en caso de que no prospere ese pedido, analiza utilizar la Sala AMIA en Comodoro Py.
Esta última sala, ubicada en el subsuelo del edificio judicial de Retiro, continua bajo modificaciones que llevan más de dos meses. Que el juicio se realice en este espacio también implica un cambio logístico significativo: el TOF 7 funciona en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, por lo que el uso de la Sala de Derechos Humanos resultaría más práctico para su estructura de trabajo y para el manejo de la prueba documental.
En caso de que la Corte no habilite ese espacio, el Tribunal tendría que analizar trasladarse los días de audiencia a la Sala AMIA en Comodoro Py, tal como sugirió la Cámara Federal de Casación. De cualquier manera, las indagatorias marcarán el inicio del calendario judicial del 2026.
Fuentes judiciales señalaron a la agencia Noticias Argentinas que si al menos la mitad de los imputados brindan indagatoria, el debate demandará un tiempo considerable.
Sin embargo, los jueces ya decidieron aumentar la frecuencia de audiencias a partir del próximo año, que pasarán a ser tres semanales, con el objetivo de imprimir mayor velocidad al juicio. Por el momento, la feria judicial se mantendrá sin modificaciones, aunque se vislumbra una extensa etapa de testimoniales, pues son 630 personas las aceptadas para declarar.