El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, se refirió en una charla exclusiva con LA GACETA a la propuesta del Gobierno nacional de implementar un arancel para estudiantes extranjeros en las universidades públicas. Aunque el proyecto aún no ha sido formalizado, expresó preocupación por las implicancias legales, sociales y económicas que podría tener esta medida.
“El Gobierno instaló el tema, pero no sabemos cómo lo va a implementar. No tenemos un proyecto claro, ni se sabe si será a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) o una ley. Por ahora, lo único que conocemos es lo que se presentó en el Presupuesto Nacional de 2024, donde se incluían algunos artículos relacionados con esta idea”, explicó el rector.
La inscripción de estudiantes extranjeros
Moriñigo aclaró que las universidades nacionales inscriben actualmente a estudiantes extranjeros que cuenten con un DNI argentino, el cual puede ser gestionado fácilmente por cualquier persona con residencia en el país, ya sea transitoria o permanente.
“Hoy, un estudiante puede venir de Paraguay, inscribirse con su documento extranjero y, en pocos meses, completar el trámite con un DNI argentino. Esto es posible gracias a las leyes migratorias actuales, pero cualquier cambio en el cobro de aranceles requeriría modificaciones importantes en estas normas”, agregó.
El marco legal: prohibición de aranceles
El rector destacó que la Ley de Educación Superior, en su artículo 2 bis, prohíbe explícitamente el cobro de aranceles en las universidades públicas. “Modificar esta ley implicaría un cambio estructural, pero también se debe analizar si realmente conviene a un país como la Argentina rechazar a estudiantes extranjeros. Su aporte al país, sobre todo si permanecen tras graduarse, es invaluable”, sostuvo.
El impacto de los estudiantes extranjeros
Según Moriñigo, los estudiantes extranjeros representan solo el 4% del total en las universidades públicas, unas 80.000 personas aproximadamente. En términos económicos, el rector argumentó que el costo marginal de recibir a estos estudiantes en las aulas es mínimo, ya que no incrementa significativamente los gastos operativos de las instituciones.
Sin embargo, diferenció esta situación del sistema de salud, donde cada paciente implica un costo adicional directo. “El debate no debe centrarse en quién paga por ingresar, sino en cómo podemos garantizar que aquellos que se gradúan y deciden irse al exterior contribuyan de alguna manera al país que invirtió en su formación”, planteó.
Alternativas de financiamiento
El rector consideró que sería más razonable explorar opciones como un impuesto solidario para graduados, similar al modelo uruguayo. “En Uruguay, hace casi 20 años, se implementó un pequeño impuesto a las ganancias para egresados de universidades públicas. Esa contribución, que se acepta tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, va directamente al financiamiento de la educación superior. Me parece una idea interesante que merece ser debatida en el Congreso”, sugirió.
Perspectivas para el futuro
Finalmente, Moriñigo hizo un balance del primer año de gestión del actual Gobierno en relación a la educación superior. “Ha sido un año muy difícil. Gracias a la lucha y la visibilización logramos avances, pero el Gobierno debe entender que la confrontación no es el camino. Las universidades necesitamos previsibilidad para planificar, y el presupuesto proyectado para 2025 no alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas. Es fundamental que aprendamos a trabajar juntos por el bien del sistema educativo y del país”, concluyó.
Fuente: La Gaceta