El juicio por el presunto uso fraudulento de fondos mineros en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ingresó en una etapa clave este lunes, con el inicio del alegato del Ministerio Público Fiscal. El fiscal federal Pablo Camuña, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, fue contundente: “Estamos frente a un caso grave de corrupción estructural”.
Según su exposición, un subsistema ilegal de contratación de obras operó entre 2006 y 2010 bajo la rectoría de Juan Alberto Cerisola, con la colaboración de Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, todos entonces funcionarios de la universidad. La acusación los señala por incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
La investigación reveló graves anomalías en 13 obras públicas que fueron ejecutadas con fondos provenientes de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), empresa de la que la UNT es copropietaria junto a la provincia de Catamarca. Camuña denunció un manejo discrecional y arbitrario de los recursos, por fuera de la Ley de Administración Financiera N.º 24.156.
“Cerisola defraudó a sabiendas los intereses de la UNT y causó un perjuicio de al menos $ 53.400 millones”, afirmó el fiscal. A esto se suma un daño institucional, señaló, que sigue afectando al prestigio de la casa de altos estudios.
De acuerdo con la fiscalía, Cerisola y sus allegados estructuraron un esquema que les permitió disponer de fondos millonarios sin controles, bajo el argumento de concluir un viejo proyecto de ciudad universitaria. Mediante tres resoluciones internas y un acta firmada con YMAD en 2008, declararon unilateralmente finalizada la obra, lo que permitió modificar el destino de los fondos.
Ese cambio, denunciado años después por el director de la UNT en YMAD, Florencio Aceñolaza, hizo que la universidad dejara de percibir al menos $500 millones (unos U$S 110 millones de entonces).
El fiscal remarcó que la Ley 14.771 establecía de forma explícita que el 40% de las regalías que correspondían a la UNT debían destinarse exclusivamente a la construcción de la ciudad universitaria, conforme a planos aprobados. Ninguna autoridad tenía la facultad de modificar ese destino, recalcó.
“Lo que hicieron fue montar un sistema oscuro y excepcional, por fuera de las normas de contratación pública, con consecuencias devastadoras tanto financieras como institucionales”, afirmó.
Tras el alegato de Camuña, el Ministerio Público continuará ester martes con Lucía Doz Costa y mañana con Agustín Chit, para luego solicitar las penas correspondientes a los imputados. La semana próxima será el turno de la querella, representada por el abogado Patricio Esperguín, y de las defensas. La sentencia se conocería después de la feria judicial de invierno.
Este juicio, que se inició en mayo de 2023, es considerado uno de los procesos por corrupción más importantes en la historia reciente de la UNT y podría sentar un precedente clave sobre el uso de recursos extraordinarios en el ámbito universitario.