Una denuncia contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili fue presentada en los tribunales federales por delitos contra la soberanía nacional. Se denunció a los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional por haber delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera: los Estados Unidos de Norteamérica.
“Estos delitos se habrían materializado a través de la intervención fáctica de potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como organismo ejecutor de la política cambiaria establecidas por el Presidente de la Nación, asistido por el Ministro de Economía, y luego también operando directamente para establecer el valor del dólar financiero (CCL)”, dice la denuncia.
La presentación fue realizada por el economista Claudio Lozano, el abogado Jonatan Baldiviezo, la ingeniera María Eva Koutsovitis junto al abogado Marcos Zelaya, Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos junto con el abogado, Marcos Zelaya, Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Los denunciantes remarcaron que el presidente Milei “negoció con Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Caputo que negociara la implementación con Scott Bessent mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.
“Este acto, calificado en la presentación como una violación a la soberanía del Estado Argentino, se habría materializado a través de la intervención directa del Tesoro de los EE. UU. en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, consignó la denuncia.
Esa injerencia sin precedentes –sostienen- se ejecutó por cuenta y orden de la Secretaría del Tesoro de EEUU a través de entidades financieras como los bancos Santander, Citi y J.P. Morgan, que realizaron compras de pesos argentinos con el fin explícito de interferir en la cotización del dólar.
Gravedad institucional
La presentación subraya la “extrema gravedad de los hechos”, argumentando que no existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a una potencia extranjera.
La denuncia detalla que esta intervención no fue un acto de asistencia desinteresado, sino que fue acompañada de coacciones y exigencias por parte de EEUU en áreas críticas para la soberanía nacional.
Se aludió por ejemplo a exigencias de acuerdos comerciales y facilidades para inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía y minería, incluyendo uranio, litio y petróleo.
Delitos imputados
Los denunciantes solicitan que se investigue a los funcionarios por la presunta comisión de un concurso de delitos, entre los que se incluyen: Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas (Art. 265 C.P.). Delitos que comprometen la dignidad de la Nación (Infidelidad Diplomática) (Art. 225 C.P.). Abuso de autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios públicos (Art. 248 y 249 C.P.).
También fraude en Perjuicio de la Administración Pública (Art. 174, inc. 5° C.P.). Delitos contra el orden económico y financiero (Agiotaje Financiero) (Art. 309 C.P.).
La presentación judicial afirmó que los funcionarios, al permitir esta injerencia, incumplieron con el juramento de desempeñar sus cargos con «lealtad y patriotismo» y los califica de «traidores a la patria».
Se argumentó que el BCRA, en lugar de cumplir con su obligación legal de ejecutar la política cambiaria y bloquear la intervención extranjera, delegó de facto sus facultades, dejando a la economía argentina en un estado de «vulnerabilidad total».
Los denunciantes concluyeron que “esa delegación ilegal ha transferido el poder de fijar el valor del peso, el sistema de precios y la competitividad de la economía a una potencia extranjera, en flagrante detrimento del interés nacional y el futuro de los argentinos”
La denuncia fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal 12, que se encuentra vacante y que está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.