Entre las numerosas incongruencias que los auditores contratados por la Municipalidad encontraron en el manejo del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos hay una que llamó la atención en la Intendencia: pagos realizados a facturas emitidas con posterioridad.
“En algunos casos, los auditores constataron el libramiento de cheques con órdenes de pago vinculadas a facturas electrónicas con número determinado por el sistema de AFIP, pero con la particularidad de que dicha orden de pago (supuestamente emitida en la fecha consignada en la misma), constaba el número de factura emitido varios meses (hasta 10) posteriores a la orden de pago”, se lee en la denuncia firmada por el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú.
“Como es imposible conocer (o adivinar) en enero de 2023 el número de la factura electrónica que se emitirá el línea en octubre del mismo año 2023 (10 meses después), es evidente que los cheques salieron indiscriminadamente y que luego de perder las elecciones municipales el 12 de junio de 2023 y en forma previa a la entrega de la gestión, se pidieron o hicieron emitir las facturas para intentar justificar la previa salida de los cheques del Consorcio, lo que obviamente no lograron, sino que por el contrario dejaron expuesta con mayor intensidad la maniobra”, concluyó el denunciante.
Según el texto, en la Auditoría del estudio Concilio & Sarralde consta que se verificó la emisión de facturas por $ 4.958 millones entre enero y octubre del año pasado y en mayor medida en los últimos días de octubre, que “superan ampliamente no solo los débitos bancarios, sino también los montos de los libramientos girados por la Municipalidad al Consorcio”.
“Tan burda es la maniobra, que las tres cooperativas mencionadas emitieron entre enero y octubre de 2023 al Consorcio facturas por $ 4.958 millones para intentar justificar pagos previos acaecidos en el mismo período en la suma de $ 1.531 millones a favor de la Cooperativa Juntos Seremos Más, $ 788 millones en el caso de la Cooperativa 14 de Agosto y $ 530 millones en el caso de la Cooperativa Benjamín Aráoz”, se detalló. “Dichas facturas superan ampliamente los débitos que el consorcio intentó justificar con los extractos bancarios, y generando así una diferencia entre lo facturado y pagos justificados por la suma de $ 2.849 millones”, se añadió.
Lo llamativo, según la denuncia es que con esta información se concluiría que el Consorcio mantendría una deuda con las cooperativas. Sin embargo, “circularizadas por los auditores a dichas cooperativas, no manifestaron ni reclamaron deuda alguna”.
La Auditoría, entregada el 27 de febrero a la intendenta, Rossana Chahla, precisa que el 64% de las facturas recibidas por el Consorcio (en monto) fueron emitidas por esas tres cooperativas. Es decir, entre las tres facturaron $ 4.958 millones en el período analizado. Otro dato que se destaca es que el 57% de esas facturas (por $ 2.859 millones fueron emitidas en octubre de 2023, días antes del cambio de gestión.
“Tal es el caso de una orden de pago del 3 de marzo de 2023 por $ 2,7 millones aproximadamente en la que se detallan 114 cheques de pago por anticipos a la Cooperativa de Trabajo Benjamín Aráoz para revalorización de plazas, pero los 114 cheques suman $ 49,9 millones aproximadamente, según cruce con débitos bancarios. La factura correspondiente a esa orden de pago del 3 de marzo fue emitida por $ 5,9 millones aproximadamente y con fecha del 17 de octubre de 2023; es decir, 10 meses más tarde”, se denunció.
Según el fiscal, cuando se le requirió una explicación a la cooperativa, “informó que recibieron sólo cinco cheques en pago de esa factura, por aproximadamente $ 3 millones, lo que deja unos $ 47 millones de discrepancia, solo en ese movimiento”.
Las miras nuevamente se enfocan en lo que dejó Germán Alfaro.
Fuente: La Gaceta