El pedido de quiebra presentado por Franco Alderete, titular de Lebron Group y principal acusado en la investigación por una presunta estafa piramidal de alrededor de $530 millones, generó un fuerte rechazo entre los denunciantes, que consideran que se trata de una maniobra para postergar el pago de la deuda contraída con cientos de inversores.
Los representantes legales de las víctimas aseguraron que la presentación no modifica el curso de la causa penal y advirtieron que la Justicia deberá analizar si la solicitud de quiebra fue realizada de manera legítima o si constituye una estrategia para eludir sus responsabilidades.
«Es una maniobra conocida para no cumplir con sus obligaciones», afirmó el abogado Aníbal Paz, quien remarcó que los procesos concursales no pueden utilizarse como un escudo frente a una eventual responsabilidad penal.
En el mismo sentido, el letrado Juan Pablo Bello sostuvo que la presentación será analizada y no descartó impulsar una nueva denuncia. «Si se trata de una quiebra fraudulenta, presentaremos la correspondiente denuncia porque es una conducta prevista y penada por el Código Penal», señaló. Además, consideró que existen «maniobras desesperadas» del imputado que continúan perjudicando a las víctimas.
La solicitud de quiebra se conoció pocos días después de los allanamientos ordenados por el fiscal Fernando Blanno en distintos domicilios vinculados a Alderete. Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.
Entre los elementos incorporados a la causa figura un documento que, según trascendió, respaldaría la versión del empresario sobre actividades de importación de suplementos alimenticios, uno de los argumentos que presentó en su declaración.
Sin embargo, la investigación sostiene otra hipótesis. De acuerdo con las actuaciones, Alderete habría comenzado a operar en 2020 y desde mediados del año pasado empezó a incumplir los pagos comprometidos con los inversores. Para los denunciantes, el punto central es que habría continuado captando fondos aun cuando ya no contaba con capacidad para responder a las obligaciones asumidas, una característica que, según sostienen, es propia de un esquema de estafa piramidal y no de un simple incumplimiento contractual.
Mientras tanto, la investigación penal continúa. El fiscal aguarda informes de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central para determinar si Alderete estaba habilitado para realizar actividades financieras. En caso de comprobarse que no contaba con autorización, la causa podría pasar al fuero federal, donde además podrían investigarse otros posibles delitos, entre ellos lavado de activos.
Fuente: Contexto