
La causa por el crimen de Paulina Lebbos ingresó en una nueva etapa judicial luego de que el fiscal de Cámara Carlos Sale presentara un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a César Soto por el asesinato de la estudiante tucumana. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise el fallo, deje sin efecto la absolución y dicte una condena a prisión perpetua contra quien fuera pareja de la víctima.
La impugnación fue presentada ante la Sala III de la Cámara Penal Conclusional y cuestiona de manera integral la resolución firmada por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.
Según Sale, el tribunal incurrió en graves errores de valoración probatoria y omitió analizar el caso con perspectiva de género, una obligación establecida por la normativa nacional e internacional vigente.
El juicio oral, realizado casi dos décadas después de la desaparición y asesinato de Paulina Lebbos, buscó esclarecer la responsabilidad penal por el crimen de la joven estudiante de Comunicación Social, quien desapareció el 26 de febrero de 2006 y fue encontrada sin vida el 11 de marzo de ese mismo año en la localidad de Tapia.
Durante el debate, los magistrados concluyeron que no existían pruebas científicas concluyentes ni testimonios directos que acreditaran que Paulina hubiera ingresado al domicilio ubicado en calle Estados Unidos al 1.200, ni evidencias biológicas que vincularan de manera irrefutable a Soto con el homicidio. En ese contexto, dispusieron su absolución por insuficiencia probatoria.
La sentencia también ratificó la absolución de Sergio Kaleñuk, luego de que el propio fiscal desistiera de la acusación durante los alegatos finales al considerar que no existían elementos suficientes para sostener su responsabilidad penal. De esa manera, Soto quedó como el único acusado sobre quien recaía la pretensión punitiva del Estado.
En su recurso, Sale sostiene que el fallo presenta un defecto jurídico insalvable al descartar el valor de los indicios reunidos durante la investigación. Según argumentó, los jueces analizaron cada elemento probatorio de manera aislada y fragmentada, sin considerar el conjunto de circunstancias que, interpretadas globalmente, adquieren una significativa fuerza convictiva.
El fiscal afirmó que la resolución desconoce principios consolidados de la doctrina penal aplicables a delitos cometidos en ámbitos de intimidad, donde habitualmente no existen testigos presenciales ni pruebas directas. En ese sentido, cuestionó que el tribunal haya evaluado cada indicio como un elemento independiente, perdiendo de vista la reconstrucción integral de los hechos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al tratamiento que los jueces dieron a los testimonios de las hermanas de Paulina Lebbos y a las referencias sobre la conducta violenta de César Soto. La sentencia consideró esos relatos como comentarios indirectos o referencias de terceros, mientras que Sale sostiene que describían un patrón sostenido de violencia física y psicológica ejercido contra la joven.
Para el fiscal, el tribunal incumplió la obligación de juzgar con perspectiva de género al desatender antecedentes vinculados a amenazas, conductas de control y comportamientos posesivos atribuidos al acusado. Según expuso, esos elementos constituían un contexto indispensable para comprender el desenlace fatal y debían ser valorados conforme a los estándares establecidos por la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Otro de los puntos centrales de la apelación se relaciona con la ausencia de lesiones visibles en el cuerpo de Soto al día siguiente de la desaparición de Paulina. Sale consideró arbitrario que el tribunal interpretara la falta de rasguños o heridas como un elemento favorable al acusado. Según argumentó, la hipótesis fiscal contempla un ataque sorpresivo y alevoso que habría impedido cualquier capacidad de defensa de la víctima, por lo que no resultaría indispensable la existencia de marcas físicas en el agresor.
La presentación también cuestiona la valoración realizada sobre el lavado de ropa efectuado por Soto durante la mañana posterior a la desaparición de Lebbos. La fiscalía sostiene que esa conducta podría interpretarse como una maniobra destinada a eliminar posibles rastros biológicos vinculados al hecho.
Otro de los ejes de la impugnación apunta a lo que Sale considera una contradicción interna del fallo. Mientras los jueces descartaron los indicios reunidos contra Soto por considerarlos insuficientes, simultáneamente ordenaron profundizar una línea investigativa vinculada a la familia Jiménez, vecinos del acusado, a partir de dos cabellos encontrados en el cuerpo de la víctima.
Según el fiscal, el tribunal aplicó criterios distintos para evaluar la prueba. Por un lado, otorgó relevancia a un indicio biológico degradado por el paso del tiempo y, por otro, exigió un estándar de certeza extraordinariamente elevado para descartar elementos que comprometían a Soto.
La apelación también reivindica la declaración de Virginia Mercado, la amiga que acompañó a Paulina durante la madrugada de su desaparición. Sale sostiene que su testimonio permitió reconstruir con precisión el recorrido inicial de la joven y ubicarla en la zona de influencia del imputado, circunstancia que, a su entender, no fue adecuadamente ponderada durante el juicio.
Además, el fiscal remarcó que las falencias de la investigación original estuvieron vinculadas a maniobras de encubrimiento institucional que ya fueron objeto de procesos judiciales anteriores, por lo que no pueden convertirse ahora en un beneficio para quien aparece señalado como posible autor material del crimen.
En su planteo, Sale sostiene que la absolución no constituye una derivación razonada de las pruebas incorporadas al expediente, sino una decisión arbitraria basada en una interpretación parcial de los elementos disponibles. Por ese motivo, formalizó además la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si considera que las instancias provinciales no corrigen las irregularidades denunciadas.
Con esta presentación, la causa por el asesinato de Paulina Lebbos vuelve a quedar bajo análisis de la máxima instancia judicial de Tucumán. La Corte deberá determinar ahora si confirma la absolución dictada por el tribunal o si hace lugar a los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal en uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial tucumana.
Fuente: Contexto
