El Gobierno modificó el régimen de contrataciones estatales. Por medio de decreto 5/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplía las restricciones vigentes, por lo que ahora no podrán acceder a licitaciones empresas vinculadas a casos de corrupción y las que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras.
De esta manera, quedaron establecidos los nuevos criterios de inelegibilidad para proveedores y contratistas en procedimientos de obras, bienes y servicios del Estado Nacional.
En ese sentido, los organismos estatales deberán evaluar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no integren las listas de inhabilitaciones elaboradas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Gobierno remarcó que la “contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”. “La República Argentina debe adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión. La corrupción deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo”, señala el texto publicado.
También destacó que el Estado tiene el rol de “implementar medidas a los fines de disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional pueden ser de tipo penal, civil o administrativo, incluyendo entre estas últimas la exclusión, inhabilidad o inelegibilidad en procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos”.
El texto anterior restringía la inelegibilidad únicamente a prácticas de corrupción según la Convención de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros. El nuevo decreto elimina esta referencia.
La medida tiene lugar tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad por las irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas.
Según la Justicia, la maniobra fraudulenta consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos.
A su vez, desde el año pasado, se modificó el registro de empresas que se anotan para participar de las licitaciones de obras públicas. Ahora, deben inscribirse en el nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), plataforma que unifica y moderniza los mecanismos de inscripción y calificación de contratistas.
En este marco, el Gobierno avanza con su plan de privatizaciones. A fin de año, abrió el concurso para la venta de acciones de Transener, la principal transportadora de energía del país y un paso clave hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.
También avanza con la segunda etapa de concesión de las rutas nacionales. Se trata del tramo 2 que incluye las autopistas Ricchieri; Ezeiza-Cañuelas, así como partes de la ruta 3 y la 5. El 6 de febrero se conocerán las ofertas por más de 1.800 kilómetros que hoy son operadas por Corredores Viales. /Clarín