El Gobierno amplió formalmente el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación e incorporó el tratamiento de los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, una iniciativa sensible que vuelve a escena en el plano parlamentario. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según establece el texto, el Poder Ejecutivo resolvió incluir esta discusión dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026. La decisión se adoptó ayer, durante una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y dispone que el Congreso considere los proyectos de ley relacionados con el régimen penal aplicable a menores, una cuestión que históricamente genera fuertes debates políticos y sociales, especialmente en torno a la edad de imputabilidad.
Cómo se definió la estrategia legislativa del oficialismo
La ampliación del temario se conoció luego de una reunión de la mesa política del oficialismo en Casa Rosada, donde se ajustó la estrategia legislativa de cara al inicio de las extraordinarias. Allí, el Gobierno evaluó el escenario parlamentario y el conteo de votos para las iniciativas que considera prioritarias.
A través de su cuenta en la red social X, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la decisión: “La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, escribió tras el encuentro.
Qué otros temas integran la agenda de las sesiones extraordinarias
Hasta el momento, la agenda de extraordinarias incluye proyectos como la reforma laboral, la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957. En el oficialismo no descartan sumar nuevos temas en los próximos días.
La incorporación del Régimen Penal Juvenil agrega presión a una agenda legislativa ya cargada y anticipa un debate intenso en el Congreso, donde el Gobierno deberá negociar apoyos tanto con aliados como con sectores de la oposición para avanzar con el tratamiento del proyecto.