El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), conformado por más de 100 organizaciones gremiales, encabezó este martes una movilización en la ciudad de Rosario en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.
La protesta incluyó el reclamo a los mandatarios provinciales y a sus representantes en el Senado para que voten en contra de la iniciativa, cuya discusión en la Cámara Alta está programada para este miércoles.
En el marco de esta movilización, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, emitió una advertencia hacia los sectores dialoguistas: «Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia«.
En este sentido, argumentaron que el proyecto contempla una reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes corporaciones, medida que se financiaría con recursos coparticipables.
Este esquema, según los cálculos gremiales, afectaría la base de recaudación que el Estado Nacional distribuye habitualmente entre las provincias. Específicamente, el gremio estima que la disminución en la recaudación anual por este concepto ascendería a 1,9 billones de pesos.
De ese total, aproximadamente 1,12 billones de pesos dejarían de ingresar a las arcas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los 790.000 millones restantes impactarían en el Tesoro Nacional.
Ante este escenario, Aguiar subrayó: «Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse». El dirigente también cuestionó las limitaciones impuestas a las medidas de fuerza de cara al tratamiento legislativo. «Es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida», señaló a través de un comunicado.
Para el bloque sindical, la prohibición del derecho de huelga en jornadas clave constituye una vulneración de las garantías constitucionales. El frente opositor, integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las dos vertientes de la CTA y la Federación de Aceiteros, mantiene una postura de mayor beligerancia que la Confederación General del Trabajo (CGT).
Este sector interpreta que el conflicto trasciende la legislación laboral y se inscribe en una disputa sobre el modelo macroeconómico del Gobierno de Javier Milei. «Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico», enfatizó Aguiar.
Desde la Federación de Trabajadores Aceiteros, su secretario general Daniel Yofra coincidió en que la reforma responde a intereses patronales y no a necesidades del mercado de trabajo. En referencia al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el dirigente expresó: «Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos«.
Yofra argumentó que las problemáticas de empleo son de índole económica y no legislativa.
La estrategia sindical contempla movilizaciones masivas a la Plaza de los Dos Congresos este miércoles 11 de febrero. El esquema de protestas se organizará del siguiente modo: mientras ATE convocó a un paro nacional total de 24 horas para facilitar la concurrencia al Congreso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se limitó a una convocatoria de concentración sin cese general de actividades.
En el sector del transporte, la operatividad será parcial. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó que no habrá un cese total de los servicios, sino interrupciones breves y fraccionadas.
Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionará con normalidad durante la mayor parte de la jornada para garantizar el traslado de los ciudadanos.