El Senado de la Nación se prepara para la sesión “autoconvocada” por la oposición, que tendrá lugar este jueves 10 de julio a las 14, con el objetivo de sancionar leyes que el Gobierno ya anunció que vetará en caso de ser aprobadas. La convocatoria no fue formalizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero se avanzará con el debate si se alcanza el quórum.
La agenda que buscan impulsar las bancadas opositoras incluye la recomposición de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la automatización del giro de aportes a las provincias. Este último punto logró reunir el respaldo de los sectores “dialoguistas”, que usualmente apoyan las iniciativas del Gobierno en el Congreso, en medio de un escenario de tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.
Luego de que la oposición anunciara la “autoconvocatoria” de la sesión que Villarruel se niega a formalizar, la presidenta del Senado mantuvo una reunión informal con los jefes de bloque este martes por la tarde, que no constituyó una reunión de Labor Parlamentaria. En el encuentro, representantes de Unión por la Patria y miembros del PRO ratificaron su intención de asistir a la sesión y confirmaron que cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto.
Si bien no se logró un plan de labor consensuado y desde la Presidencia del Senado confirmaron que no se emitirá una citación oficial, si se alcanza el número necesario de senadores presentes, la sesión será válida. El quórum será garantizado por los 34 senadores del interbloque Unión por la Patria, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la larretista Guadalupe Tagliaferri del PRO.
De cara a la sesión, la oposición confía en lograr los votos necesarios ante la fuerte adhesión de senadores alineados con gobernadores dispuestos a tratar en el recinto los proyectos sobre aportes a las provincias e impuesto a los combustibles, impulsados de forma unánime por los 24 mandatarios provinciales.
Los proyectos sensibles que rechaza la Casa Rosada
El foco de la agenda opositora en el Senado es sancionar el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad, que ya fueron aprobadas en junio por la Cámara de Diputados.
La ley jubilatoria, apoyada por algunos sectores opositores, implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, y una suba del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se actualizaría por inflación.
También fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permite que personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, más allá del final del actual Gobierno, y reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y prevé compensaciones económicas.
La iniciativa respaldada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, y que logró el apoyo de sectores dialoguistas, busca incorporar a la ley permanente de Presupuesto un artículo que establece que “los recursos que correspondan distribuir al régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se transfieran “en forma diaria y automática”.
El segundo proyecto, aún sin dictamen, elimina fideicomisos y reemplaza parte del articulado del impuesto a los combustibles para redistribuir su recaudación: 14,29% al Tesoro Nacional, 57,02% a las provincias y 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, destinado a cubrir obligaciones previsionales nacionales.
La discusión por la falta de dictamen
Sin un plan de labor acordado, se anticipa que las diferencias no menores entre el kirchnerismo y los sectores dialoguistas podrían trabar la discusión. Uno de los puntos de conflicto será la validez de los dictámenes de comisión sobre jubilaciones, discapacidad y moratoria. Desde el oficialismo argumentan que requieren dos tercios para ser tratados sobre tablas, mientras que otros sectores sostienen que pueden aprobarse por mayoría simple.
Este lunes, la Secretaría Parlamentaria del Senado rechazó los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en plenarios de comisiones autoconvocados, dado que “no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento de proyectos”.
Por su parte, los integrantes del principal interbloque opositor sostienen que la reunión en el Salón Arturo Illia, realizada el jueves 3 de julio, fue legítima porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: siete de Unión por la Patria, Lousteau, Tagliaferri y Blanco.
En ese encuentro, la oposición logró mayoría para dictaminar los tres proyectos con media sanción sin la presencia del libertario Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión. Sin embargo, desde la oposición argumentan que, además del secretario parlamentario Agustín Giustinian, también estuvo presente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Fuente: Perfil