La diputada (mc) y referente de la Coalición Cívica – ARI, Elisa Carrió, criticó con dureza el proyecto del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras ya sí liberar su extranjerización. En un documento publicado en las últimas horas con su firma y la de otros referentes del espacio político que lidera, Carrió advirtió que, de prosperar la iniciativa libertaria, «sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial».
La iniciativa del gobierno de Milei apunta a eliminar el límite nacional de titularidad extranjera sobre tierras rurales y deja además sin resguardos las zonas de frontera. El controvertido proyecto, conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propuiedad Privada, comenzará a debatirse en los próximos días en el Senado de la Nación.
Con el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el gobierno libertario puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.
Carrió advirtió que el Gobierno habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.
En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.
Advierte además que el esquema propuesto por los libertarios es una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.
Frente a ese escenario, los autores del documento defendieron la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. «La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.