El Gobierno organiza un fuerte operativo de Seguridad para impedir que los gremios estatales faciliten el ingreso de algunos de los más de 11 mil empleados públicos despedidos en los últimos días a las oficinas de las dependencias públicas donde trabajaban. ATE convocó a “un molinetazo” para este miércoles para que los cesanteados ingresen en tres franjas horarias: a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana.
En el equipo de la ministra Patricia Bullrich considerarán que los ministerios fueron “tomados” si ingresa cualquiera que no esté habilitado. Ya está activo el comando unificado de todas las fuerzas federales. La ministra tiene diálogo permanente con su par porteño Waldo Wolff, este martes para terminar de planificar un operativo coordinado, a cargo de Nación pero con asistencia de la Ciudad.
En rigor, según aclaran en Seguridad, la responsabilidad de que no ingresen cesanteados (o cualquiera) a las dependencias es primero que nada del área de recursos humanos de cada ministerio y de las comisarías internas de apoyo de cada Cartera.
En el entorno de Bullrich destacaban de todos modos que los edificios federales son su responsabilidad. Con esa premisa, fuerzas que dependen de ella reprimieron en movilizaciones en las inmediaciones del Congreso.
En la Ciudad enfatizaron que no recibieron ningún pedido de los gremios de estatales que convocan a las protestas para reunirse, como suelen hacer en la previa de otras manifestaciones.
En el Gabinete nacional insistieron en que se monitorearon los edificios para evitar tomas durante todo el fin de semana largo mientras llegaron las notas con de despidos al 15% de la planta de trabajadores transitorios del Estado, cuyos contratos finalizaban el 31 de diciembre.
Entre los gremios reconocieron que hubo “permanencia pacífica” de despedidos en algunas dependencias nacionales fuera de CABA que estuvieron habilitadas durante la semana santa.
También habrá paro de estatales
“Mañana tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, señaló el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar, que también convocó a un paro general para este miércoles y a las 15.30 realizará un plenario federal de su organización en la sede de avenida Belgrano.
Los referentes gremiales de ATE subrayan que el ingreso será pacífico y con el único fin de realizar asambleas dentro de los edificios públicos. “Si no nos permiten ingresar evaluaremos la situación. Vamos a priorizar siempre garantizar la integridad de nuestros compañeros, sin caer en las provocaciones que pueda montar el gobierno”, señaló Hernán Izurieta, delegado del gremio en la secretaría de Trabajo.
La conducción del gremio se repartirá en diferentes organismos y a diferentes horas. Aguiar, por ejemplo, se apersonará a las 9.30 en el edificio de la secretaría de Trabajo, una de las dependencias con más despidos. “Veremos si hay militarización y y vallas. O si por el contrario, no”, señaló un líder sindical. Algunos referentes de estatales recordaron que las vallas en Télam aparecieron al filo de la medianoche previa al primer día hábil tras el anuncio del cierre de la agencia de noticias.
Aguiar pronosticó un escenario de mayor conflictividad social y responsabilizó al Ejecutivo. “Por culpa del Gobierno, a partir de mañana la conflictividad en el Estado se va a acelerar. Hemos decidido convocar a un plenario federal de delegadas y delegados de organismos nacionales para debatir la profundización de todas las medidas de fuerza y no descartamos esta misma semana volver a salir a las calles a protestar”, dijo.
Como adelantó Clarín, a paso lento, sin apuro, en la CGT se planea el segundo paro general contra la administración de Javier Milei. Rodríguez, por las dudas, puso en funcionamiento la red federal de estatales. «Veremos si el conflicto escala», señalan en su entorno.
Dirigentes que hablan con Rodríguez lamentan la presión del Gobierno que significa que los contratos que antes tenían una duración de un año ahora se renueven solo por tres meses. Delegados de los estatales advirtieron que para este miércoles esperan mayor conflictividad en los organismos más centralizados y que más sufrieron despidos, como Trabajo y Desarrollo Social.