María Teresa Troiano estuvo en tratamiento por cáncer de piel desde 2016, año en que comenzó con inmunoterapia, que tenía garantizada a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Pero en 2023, el mismo 10 de diciembre, cuando su esposo Eduardo fue a retirar la medicación que había sido aprobada, “me citaron para explicarme que quienes habían salido acreedores de la licitación no la iban a entregar”, comentó a PERFIL. Desde ese momento no volvieron a recibir respuestas concretas. El caso de su esposa fue el primero –al menos de los que se hicieron públicos– de una persona cuya salud empeoró y falleció esperando. “A Marité –como le decían– la mataron dos veces”, afirmó al recordar las idas y vueltas entre oficinas esperando que llegara la medicación. “Si bien una donación llegó a nuestras manos, el daño ya era irreparable”. Su caso llegó a la Justicia, pero la orden para que el Gobierno le entregara el tratamiento fue apelada por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.
Los recortes en salud tuvieron, como en el caso de María Teresa, consecuencias directas en la vida de las personas.
La ONG Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis denunció el cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis, en el marco de un ajuste que comenzó en 2024 y que continuó en 2025 con la intervención del Hospital Laura Bonaparte y el despido de 1400 trabajadores de distintas dependencias. Tal como detalló PERFIL en una nota, la cartera de salud es una de las grandes perdedoras en materia de reducción de personal: según el último informe oficial de dotación de la administración pública, se redujo en un 16% en los primeros meses de 2024.
“El Ministro de Salud Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches refieren que las funciones de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis serán mantenidas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis”, señalaron desde la ONG. “Sin embargo, además de eliminar esas coordinaciones, circuló una documentación oficial que expone que todas las personas que trabajan y forman parte del equipo de la Dirección, con altísima experiencia y años de antigüedad y compromiso, tienen sus contratos con fecha de vencimiento del 31 de enero de 2025”.
La organización reclama por la falta de concreción de compras y tratamientos. “La situación es aún peor con la decisión de ejecutar en 2025 el mismo presupuesto aprobado en 2023. Todo esto en un contexto en el que los casos de tuberculosis aumentaron casi un 20%, la sífilis continúa en crecimiento exponencial, y las nuevas notificaciones de VIH y la mortalidad por SIDA también están en aumento. Las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país”, señalaron. Enfermedades como la tuberculosis, tal como explicó el médico Oscar Atienza a PERFIL, están relacionadas con el empeoramiento de las condiciones sociales. El especialista, miembro de la Mesa Permanente en Defensa de la Salud, afirmó que “tiene una relación directa con la desnutrición y con el hacinamiento, por ejemplo, en personas en situación de calle”.
Por otro lado, el Ministerio que conduce Mario Lugones anunció la intervención del Hospital Bonaparte. En el comunicado afirmaron que la medida tiene el objetivo de «asegurar su normal funcionamiento y la continuidad de los servicios de los tratamientos de los pacientes”. La intervención lleva hasta ahora, como resultado, un total de 200 despidos.
Esta disposición “forma parte del plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del Hospital sin modificar las funciones”, ya que “los contratos que no se renovaron responden a la sobredotación que había en el Bonaparte: 326 de sus empleados ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández”, agregaron. Al crecimiento del personal, que el Ministerio considera algo “desmedido” se suma “un mal manejo de los fondos” que “afectó la capacidad de atención y el buen funcionamiento del hospital”. De acuerdo con las fuentes oficiales, se detectaron sobreprecios en algunas prestaciones tercerizadas.
“El despido de 200 trabajadores implica la imposibilidad del funcionamiento del Hospital como tal, ya que se desmantelaron dispositivos asistenciales completos. Esta medida deja sin tratamiento en salud mental a la totalidad de los pacientes del Hospital e impide recibir nuevos pacientes”, afirmaron trabajadores del hospital después del anuncio.
La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) difundió un documento en el que analiza los principales retrocesos en materia de presupuesto e inversión en salud durante el último año. “Se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48%), ANMAT (-17%), hospitales nacionales, en el Instituto Nacional del Cáncer (-13%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15%)”, explicaron.
Entre otras cosas mencionaron también la falta de entrega de medicamentos por parte de la Dadse. “Esta interrupción resultó en la muerte de al menos siete pacientes oncológicos que dependían de la medicación suministrada por este organismo”, explicaron. El informe recordó además el cierre de 50 centros de referencia donde funcionaban delegaciones de esta Dirección.
Por otro lado, “en noviembre de 2024 el Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió el funcionamiento de 8.588 cooperativas y 673 mutuales tras detectar supuestas irregularidades. Esta medida afectó a numerosas organizaciones que brindaban servicios de salud y asistencia social”.
El documento advirtió también sobre el ajuste y la subjecución presupuestaria en los programas destinados a las personas con discapacidad. “A partir del acceso a pedidos de información pública, el análisis de datos y el desarrollo de informes, se puede determinar una clara decisión de recortes presupuestarios y de servicios en la asistencia integral de los derechos de las personas con discapacidad”.
El informe subrayó también que “la desregulación del servicio de transporte público provocó graves conflictos en el acceso a pasajes gratuitos”. Sobre las pensiones, y después de una auditoría, el Gobierno decidió endurecer los requisitos para las solicitudes.
Las exigencias para el acceso a la medicación gratuita de PAMI también se volvieron más restrictivas en diciembre de 2024. Además, desde el sindicato de los trabajadores de esta institución denunciaron más de 550 despidos en los últimos 13 meses, 200 de los cuales ocurrieron en la última semana.
Fuente: Perfil